A seis años de haber terminado su sexenio con múltiples acusaciones de corrupción, el exgobernador y hoy imputado César Horacio D. J., se presentó ante un juez en Chihuahua, luego de pasar dos años encarcelado en Miami, Florida, y haber sido extraditado el pasado jueves a México.
La primera audiencia del mencionado se concretó este viernes en la sala ocho del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por la causa penal 3051/2019 con cargos de peculado y asociación delictuosa agravados, en perjuicio del Gobierno de Chihuahua, al que se le despojó de un total de 96 millones 665 mil 253 pesos con 80 centavos.
El exgobernador y sus abogados Carlos Noel Rodríguez Peralta, Ricardo Antonio Reyes Retana y Edith Berenice Muciño Palacios, acudieron ante el juez Humberto Chávez Allende, junto a los agentes del Ministerio Público Javier Andrés Flores Romero, Ricardo Rodríguez y Silvia Madrid. En representación del Gobierno del Estado está Alejandra Reyes Sotelo.
Como única petición al iniciar el acto procesal, el exgobernador solicitó al juez que se prohibiera a los medios de comunicación, difundir fotografías de su rostro en audiencia, toda vez que la misma se lleva a cabo de forma pública, por lo que varios reporteros se encuentran en sala para escuchar la lectura de los antecedentes de este caso.
Empezado el relato de antecedentes, se manifestó que César Horacio realizó los delitos por los que se le acusa con apoyo de funcionarios públicos durante su administración como gobernador de Chihuahua (2010-2016), y que específicamente se ejecutaron de los años 2011 al 2014, en beneficio a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera División del Norte S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.
Lo anterior mediante 12 transferencias de recursos se realizaron a través de la Secretaría de Hacienda, con participación de la Secretaría de Desarrollo Rural, las cuales justificaron xon jna serie de supuestos convenios para apoyos al campo, el otorgamiento de un préstamo y la adquisición de un inmueble en Hidalgo del Parral, Chihuahua, todo ello a favor de las empresas antes mencionadas, de las que Duarte, era fundador y socio mayoritario.
La formulación de los cargos anteriores no le fue clara al exgobernador, por lo que pidió la palabra; “No me quedó claro, porque en ningún momento entendí ni escuché en qué fue o en donde actué para que esos desvíos en los cuales se me acusa, mi participación haya quedado por supuesta”.
Ante ello, el Juez refirió que en el desarrollo de la audiencia se especificarían los datos solicitados y se continuó con el acto, aunque el acusado reiteró que su participación no le quedaba clara.
Según lo expuesto por los agentes, las trasferencias realizadas se dieron de la siguiente manera:
17 de junio del 2011: Simulación de un procedimiento administrativo mediante el convenio 352/2011, para la adquisición de equipo necesario para inseminación artificial en apoyo de los productores afiliados de la Unión Ganadera Regional, por un monto de 582 mil 965 pesos.
04 octubre 2011: Simulación de un subsidio para la adquisición de vaquillas productoras de carne, efectuado en dos pagos; uno de 9 millones 210 mil pesos y otro de 2 millones 790 mil pesos.
06 enero 2012: Simulación de otro subsidio para una compra similar de ganado por un total de 12 millones de pesos.
09 enero 2012: Simulación de un contrato de préstamo de mutuo con interés con la Unión Ganadera para capital de trabajo y compra de ganado por 5 millones de pesos, en el que se estableció el acceso a pagos anticipados de la beneficiada, a nombre de Pedro Roberto Baca Gómez.
10 enero 2012: La Unión Ganadera Regional se benefició con 16 millones de pesos por medio de un apoyo económico para indemnización a productores que supuestamente sacrificaron ganado improductivo en diversos rastros.
25 enero 2012: Fue simulado otra indemnización por el mismo concepto bajo un importe de 10 millones de pesos.
15 marzo 2012: Simulación de una indemnización más por el mismo concepto por otros 10 millones de pesos.
25 abril 2012: Supuesto apoyo económico entregado a la Unión Ganadera para la compra de 116 equipos de inseminación artificial para incrementar la calidad genética del ganado por 2 millones 292 mil 288 pesos.
12 julio 2012: Simulación de compra de alimento para ganado bovino por 10 millones de pesos para la unión ganadera citada.
25 septiembre 2012: Pago de ocho millones de pesos a la Financiera División del Norte S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. por su supuesta intermediación en la adquisición de una finca urbana ubicada en las calles Guillermo Prieto y Mercaderes en Hidalgo del Parral, propiedad a nombre de Consuelo García Chávez.
01 abril 2013: Pago de 250 mil pesos a la Unión Ganadera como apoyo para un supuesto traslado de ganado a una Feria de San Marcos en Aguascalientes para su exhibición.
18 de octubre de 2013: Pago de 60 mil pesos por el mismo concepto. Este mismo día se erogaron 4 millones 600 mil pesos para la supuesta ejecución del programa de repoblamiento de ganado bovino.
28 noviembre 2014: Simulación de un procedimiento administrativo para apoyar a la Unión Ganadera en la adquisición de avena, frijol y maíz para productores pecuarios por un monto de 5 millones 500 mil pesos.
Asimismo, se dieron a conocer las personas que declararon en contra del exgobernador y se presumió por las autoridades, se cuenta con 57 testigos, entre los que destacaron Gregorio Daniel Luévano Morales, exfuncionario de la Funciómn Pública y exmagistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Sistema Estatal Anticorrupción; Abril Portillo de la Fuente, exconsejera jurídica de Hacienda; Mónica Vargas Ruíz, extitular de la Función Pública; Martín Solís Bustamante, exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Rural y Karina Velázquez, exdirigente del PRI Estatal.
También se nombró a Jesús Luna, exsecretario particular de César Horacio y uno de los que resultaron detenidos dentro de las investigaciones impulsadas en el anterior gobierno estatal y que fue liberado el 29 de abril del 2019.
Mencionaron además ocho testigos con identidad reservada con identificaciones 56RT65PW7; KA5P23-2019, 5N4GYUH19A-19, FE54HD7SHJW/2018, 65HD6JA9K2F/2018, NI37SC94WQ/2019, PYRTEJ2018, 6FDX34M/2017.
La defensa del exgobernador solicitó en ese momento se le revelaran las identidades de los testigos protegidos, no obstante, el Juez recordó que dichos nombres están actualmente bajo un proceso de reserva, y que, luego podrían ser consultadas por los abogados.
Posteriormente, el Ministerio Público describió que el exgobernador era socio mayoritario y presidente del consejo de la Unión Ganadera Regional División del Norte, la cual se confirmó por su inscripción en el Registro Nacional Agropecuario.
Por otra parte, contaba con un 98% de las accionesdenominadas SERIE A, es decir, tenía 5 mil 900 de las 6 mil acciones totales en la Financiera División del Norte S.A. DE C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.
Tenía también el 93.35 por ciento de las acciones de SERIE B, es decir, 28 mil 940 de las 31 mil acciones totales, acorde a una inscripción a un folio mercantil electrónico con número 24139, del registro de la propiedad.
Por lo anterior, la Fiscalía señala que se tienen pruebas contundentes para imputar al exmandatario por peculado agravado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada, consumados de forma continua de acuerdo a los artículos 17, 246 y 248 del Código Penal del Estado.
Cabe destacar que el proceso continúa, pues los datos de los antecedentes con los que cuenta la Fiscalía son varios, acumulados en las investigaciones iniciadas en el gobierno anterior encabezado por Javier Corral Jurado y se espera que en próximos días, se determine la vinculación o no a proceso por los cargos con las pruebas aquí citadas.