La audiencia con más casos que se ha presentado en Chihuahua se llevó a cabo este día en la sala 9 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), sobre el caso de la estafa piramidal más grande en la historia del Estado administrada por la empresa Aras Business Group Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A.P.I de C. V.), con la judicialización de 300 carpetas de investigación imputados a tres de los fundadores; Sergio Armando G. C., Óscar Gonzalo H. M., y Diana Ivonne P. C., quienes fueron detenidos en abril pasado.
Previo al inicio de la misma, la Fiscalía General del Estado (FGE), comunicó que estaba lista para desarrollar el ejercicio con una abundante recopilación de evidencia, análisis y estudio de los datos prueba, así como herramientas jurídicas para argumentar que cientos de chihuahuenses fueron víctimas de fraude.
A las 8:27 horas, comenzaron a llegar al Poder Judicial parte de los 300 afectados para quienes se habilitó el auditorio del lugar, a fin de que escucharan todos los alegatos en este caso.
Más tarde, a las 9:27 horas, se presentó al exterior del TSJ, el abogado que forma parte del equipo jurídico de Aras, Jorge Emilio Hernández, para declarar ante los medios de comunicación que se busca pagar a 18 mil socios que esperan sus retribuciones, al informar que un juez federal concedió un amparo a la empresa para que la FGE libere 25 vehículos que les fueron asegurados, con el fin de que sean garantía para el pago a los inversionistas.
Abogó que la Fiscalía Zona Centro, a cargo de Carlos Mario Jiménez, ha prolongado que la supuesta financiera pueda liquidar debidamente a los afectados puesto que “se resiste” a entregar las carpetas de investigación al Juzgado de Distrito.
Por lo anterior, dijo, la empresa examina buscar de manera directa a cada socio y solicitar a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Myriam Hernández Acosta, que se les direccione al Instituto de Justicia Alternativa y generar las citas con los inversionistas para comenzar con las negociaciones, en las que ellos ofertarán la devolución de capital únicamente y dar por concluidos los contratos.
El amparo de Aras consiste en la revisión del proceso en que se aseguraron los bienes por la autoridad local, dado que desde el inicio el equipo jurídico de Aras ha comentado que se registraron varias inconsistencias en estos embargos, pues sostienen que en el trayecto se desapreció dinero en efectivo, así como diversos artículos que pertenecían a la supuesta financiera.
Según lo explicado por Hernández, desde hace siete meses se promovió el recurso concedido para los 25 vehículos en un Tribunal auxiliar de Culiacán, Sinaloa, por lo que, estima que en otros seis meses se pueda conceder el otro amparo para 80 propiedades, no obstante reiteró que desde la semana entrante iniciarán con las gestiones correspondientes.
Cabe mencionar que el encuentro entre las partes estaba agendado para las 9:00 horas de este jueves, no obstante se inició a las 11:24 horas bajo la causa penal 2180/2022 guiada por la juez Abigail Sosa, quien instruyó que se inauguraría de manera oficial hasta que se registraran e ingresaran todas las víctimas interesadas que hacían fila desde temprana hora.
Para comenzar se dio a conocer que los abogados Héctor Omar Guerrero Almanza; Armando Flores Bejarano, Adrián Quezada Anchondo, Gabriel Alejandro Vidaña Manjarrez e Issac Maltos Sifuentes forman parte de la defensa de los imputados.
Es de comentar que Diana Ivonne P. C., se ubicó en una sala alterna vía remota, debido a que se mantiene con atención a su bebé de 4 meses, al igual que ocurrió en la primera audiencia en abril pasado, cuando su hija tenía días de nacida.
El Poder Judicial registró el ingreso de 105 de los denunciantes acompañados de otras 15 personas que eran los abogados defensores de parte de las víctimas.
Por parte de la Fiscalía General del Estado, estuvo la agente del Ministerio Público, Araceli Chávez Rodríguez en compañía de cuatro agentes más.
En los primeros minutos, el abogado Gabriel Vidaña Manjarrez, defensor del accionista fundador Óscar Gonzalo H. M., detectó entre los representantes de la Fiscalía estaba una familiar directa de una de las víctimas presentes, luego de un pase de lista de las víctimas que acudieron.
Vidaña encontró a un afectado identificado como el número 23 de apellidos Márquez Solorio, al igual que una de las agentes del Ministerio Público, Michel Márquez Solorio, por lo que cuestionó si existía algún lazo familiar, lo cual fue confirmado.
Por lo anterior el Licenciado Vidaña pidió que se retirara a Michel por un posible conflicto de intereses para abogar únicamente por su hermano. La ministerio público alegó que no es de su competencia elegir los casos en los que será parte de la representación social, y que, además su encargo en esta audiencia es abogar por 300 víctimas y no sólo por una de ellas.
Abigail Sosa dictó que los lazos familiares exhibidos en este caso no son de peso como para retirar a la agente en mención, por lo que siguió en la sala para el desarrollo del citado ejercicio, a lo que Vidaña respondió con una solicitud para diferir la audiencia por un periodo de 21 días.
Justificó que él personalmente estuvo el año pasado en una audiencia similar en un caso contra la actual gobernadora María Eugenia Campos Galván, junto a Rodrigo de la Rosa y María Ávila, en el que se presentó una cantidad de documentación similar, para lo que les concedieron 21 días a fin de que realizaran el análisis correspondiente.
Por lo anterior, el defensor de Óscar Gonzalo H. M., alegó que se les debería dar el mismo trato, puesto que este miércoles la Fiscalía entregó una copia digital y no física, según dijo, porque la autoridad le expuso que “no tenían tinta ni hojas de máquina para entregarlos en papel” y en la sala se observaban ocho cajas de los documentos pertenecientes a esta coyuntura.
La Ministerio Público, Araceli Chávez, alegó que la responsabilidad de la Fiscalía es entregar las carpetas de investigación para su análisis y para cumplir con el derecho de los investigados, sobre el acceso a la información recabada en su caso.
Aunque Vidaña reiteró en varias ocasiones que la defensa pedía los documentos en físico y de manera gratuita como lo establece el artículo 219 del Código Penal del Estado, la juez mencionó que el acceso nunca fue negado aunque se haya otorgado vía digital y siguió la sesión.
Cabe recodar que la audiencia en contra de Maru Campos se impulsó por relacionarla con la “nómina secreta”, en concreto, por presuntamente haber obtenido más de 10 millones de pesos en sobornos del exgobernador César Duarte Jáquez.
A lo largo de la lectura de las inversiones hechas por las 300 personas, se expuso que este grupo de asociados invirtieron un total de 65 millones 580 mil pesos más otros 243 mil 979 dólares a través de uno o más contratos por socio que fueron de los 10 mil pesos hasta los 51 mil 800 dólares, que equivalen a un aproximado de 4.2 millones de pesos.
La mayoría de estos contratos fueron celebrados durante el año 2021, cuando Aras cambió los formatos de los contratos de mutuo a compra-venta de acciones. Además se comenzaron a implementar los tratos por rendimiento único, es decir, prometían a los inversionistas regresarles su capital junto a sus utilidades hasta terminarse el plazo acordado que podía ser de tres meses hasta un año.
A los casos anteriores de un año, los inversionistas lo perdieron todo y no tuvieron la oportunidad de que se les devolviera alguna parte cada mes como en la modalidad inicial.
Los rendimientos que ofreció Aras a estas víctimas fueron del 4 al 9.6 por ciento y se firmaron con distintos nombres de la moral entre los que se encuentran Aras Investment Business Group Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A.P.I de C. V.), Aras IBJ Comunidad de Negocios, Aras Minning Working Deep, Grupo Janus Internacional, AMS Aras Minning Scans S A P I DE CV y Atlas Retail Associations Services S A P I DE CV.
Dichas inversiones fueron pagadas a la supuesta financiera a través de depósitos bancarios o transferencias electrónicas a diversas cuentas de banco entre las que destacó una con terminación 5362 del Banco Bilbao Vizcaya América, BBVA BANCOMER.
Con este acto se imputan por fraude a los fundadores aquí citados 315 expedientes por fraude, de un total de cuatro mil 934 denuncias interpuestas, de un global que supera los 18 mil 500 socios que reportó Aras en sus últimos meses de vida.
Anteriormente, en el pasado mes de abril se le habían imputado a los jóvenes implicados daños por 14 millones 797 mil 250 pesos más cinco mil dólares americanos, en perjuicio de 15 personas, momento en que se confirmó por el Ministerio Público que toda la estructura de Aras se organizó con el fin de engañar a inversionistas prometiendo altos rendimientos mensuales que llegaron hasta el 10% a cambio de una supuesta compra de acciones que jamás se llevó a cabo y que sólo cubrían el desarrollo de un macro esquema ponzi que respaldaban con empresas que ellos mismos crearon para simular inversiones, además de utilizar como garantía la supuesta explotación de hectáreas en la mina La Morita ubicada en el municipio de Guerrero, para lo cual nunca tramitaron los permisos y sólo se mencionaba con la finalidad de captar el dinero de las personas a cambio de exageradas ganancias libres de impuestos.
Aras Investment Business Group fue creada el 08 de noviembre del 2019 por Armando Gutiérrez Rosas como principal responsable de la misma, junto a los imputados que permanecen en prisión preventiva y otros amigos identificados como Andrea E. C., y José Alejandro R. S., quienes son buscados por la autoridad pero cuentan con amparos federales contra acciones de arresto.
Existen siete imputados con identidad reservada, es decir, personas que también formaron parte del organigrama administrativo pero atestiguaron y obtuvieron un criterio de oportunidad.
Se espera que en próximas semanas se concreten ejercicios similares con el fin de que se acelere la judicialización de este popular fraude por el que se han organizado múltiples protestas y machas para que los tres poderes actúen y las víctimas logren recuperar sus ahorros.