Después de siete años de haber sido desplazados por integrantes del crimen organizado encabezados por la banda de Jose Noriel Portillo alias “el chueco”, las comunidades de El Manzano y Monterde de los municipios de Uruachi y Guazaparez, obtuvieron dos sentencias a favor.
Los dos amparos tuvieron una duración de poco más de un año en resolverse y obligan a la Secretaría de Gobernación; la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y a la Comisión de Atención a Víctimas del Estado, a brindar la pacificación de la región serrana en la que vivían para tener acceso a la justicia a través de las carpetas de investigación, así como ayuda humanitaria y asegurar los bienes que dejaron en su comunidad con el reasentamiento definitivo en su comunidad o en esta capital.
Para tal efecto se les deberá dotar con una vivienda propia y empleos que les permitan vivir con dignidad además de la emisión de una legislación completa y pertinente que proteja a las personas desplazadas por la violencia.
En ese sentido, los juzgadores resolvieron que el Fiscal General del Estado y Fiscalía General de la República informen el estado y avance de las carpetas de investigación, que realicen las acciones necesarias para que puedan regresar con seguridad a los lugares donde vivían, así como que se les deje se criminalizarles y discriminarles.
El mandato judicial les ordena a las autoridades involucradas que continúen brindando la ayuda humanitaria hasta lograr las soluciones duraderas las cuales incluyen garantizar la educación sin costo, brindar uniformes y útiles escolares los menores así como un programa de regularización para los niños y jóvenes y acompañamiento para su inserción escolar.
Después de siete años de sufrir el desplazamiento, las familias presentes esperan que los gobiernos acepten la sentencia y realicen el cumplimiento de la misma.
Cabe mencionar que los casos de las comunidades citadas, no son casos aislados según informaron ya que de acuerdo con la Comisión mexicana de defensa y promoción de los derechos humanos tan sólo en el 2021 se registraron 44,905 personas desplazadas en territorio mexicano.