Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, culpó, sin tapujos, al Ejército y al militar José Rodríguez Pérez, hoy General Brigadier, primero, por no seguir el protocolo castrense, toda vez, que entre los jóvenes de la normal convivía un soldado, encubierto, qué pasaba por alumno, y cuyo trabajo era informar de las actividades diarias de la Normal. En la segunda acusación Encinas, afirma que este General ordenó asesinar a seis de los 43 jóvenes, 4 días después de las masacres del 26 y 27 de septiembre de 2014. De la primera: Ese protocolo acredita alarma y conlleva una búsqueda inmediata del soldado al enterarse (por él mismo) que estaba en peligro. Pudo salvar no sólo a su compañero, sino a los demás. El Presidente defiende a las fuerzas armadas, y no sólo eso, sino que los ha empoderado en su gobierno, como jamás lo hizo presidente alguno. Escuchar a Encinas debe haberle provocado una cólera contenida y pudo disimular la reacción, que, en los próximos meses, tendrá varios efectos; uno, le pasará factura a Encinas, y 2, convencer a la milicia a través del General Secretario.
Y es que las acusaciones implican admitir que fue un crimen de estado, lo cual mete a López Obrador, en serios problemas, tanto con el Ejército, como con los familiares de los muertos y los deudos del soldado caído en cumplimiento de su deber. Ahora, toca al Gral. Secretario entregar a 20 militares, entre ellos a José Rodríguez Pérez, que fue ascendido a general Brigadier en 2015, menos de un año de después de los asesinatos, en lugar de ser juzgado por la justicia castrense.
Las pruebas consisten en registros de llamadas al 089 en los que se detalla que los 6 últimos le fueron entregados al, entonces, Coronel, a cargo del 27 Batallón de Infantería, y que fue o mandó por ellos a una bodega, y que para quitarse el problema, dio órdenes de asesinarlos.
Otras llamadas al 089 dan cuenta del abuso contra 10 de los estudiantes, que fueron obligados a cocinar para los sicarios, y los asesinaron el 27. También existen testigos de que los 43 no estuvieron juntos, sino separados, en por lo menos tres grupos. Incluso Murillo Karam, hoy preso, lo relata así en la llamada Verdad Histórica. Hay testigos de que los militares hicieron recorridos, estaban presentes en la rueda de prensa, en la visita al hospital Cristina, y en el puente del Palacio de Justicia. El caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado, dice Encinas y Añade que la “verdad histórica” no lo relata porque la distorsión de los hechos fue planeada en la Presidencia de la República, por funcionarios de alta jerarquía de Peña Nieto. Así, Encinas justifica la detención de Murillo Karam porque es necesario saber, no solo el diseño, la operación y cómo se decidió alterar la escena del crimen.
Otro hecho que se demostró es la tortura utilizada para construir una verdad a modo con los detenidos en las acciones posteriores. Además no sólo murieron los 43 sino, al menos otras 6 personas. En resumen; la masacre se consumó por sicarios, policías municipales y soldados y esto fue posible por la omisión de los tres órdenes de gobierno, que sabían de la ubicación de los jóvenes, y no hicieron nada para salvarlos. La investigación de Encinas tiene crispados a los altos mandos militares y obliga al Presidente a pedir cabezas al Ejército. Hay otro General de División implicado!! además de otros 18 militares de distintos rangos. Creo que es más seguro que Encinas sea enviado a coordinar la campaña de la maestra Delfina en el EdoMex.
Tienen que rodar cabezas y los militares son 20 y eso que no se habla de Cienfuegos. El otro problema para el Presidente son los familiares, que ya no creen en nada ni en nadie. Encinas tocó fibras que no debía, y dejará, aunque ayude, el compromiso al Presidente. Cómo resolverlo? Acaso pedirá perdón a las familias por ser un crimen de Estado y luego los indemnizará?