Desde el Presidente, todo su gabinete, salieron en defensa de la prisión preventiva oficiosa, luego de que los ministros de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales y Norma Lucía Piña, plantean declararla inconstitucional, por ser contraria a la presunción de inocencia.
Y es que, es paradójico, pero este país tiene al 85% de los presos, sin juicio o con juicios a medias; hay quienes llevan la mitad de su vida en Prisión y no saben ni porqué. Y los que sí saben, no tienen sentencia, porque están ahí por narcos y no le importan al ministerio público, ni ellos, que tienen dinero avanzan con sus abogados, por una lentitud planeada; los demás son como era Rosario Robles: presos políticos. Cómo puede un Presidente defender que casi toda la población carcelaria esté sin sentencia? Cuando la constitución impone plazos para dictar sentencias. Entonces, a sabiendas de que se viola la constitución y las leyes secundarias, el gobierno argumenta que si los ministras logran su objetivo, terminarán con la estrategia de seguridad del país. Esa no es una estrategia, es un abuso sistemático del sistema, que data de otros sexenios y que en este se ha agravado. Será porque saben que son muy pocos y mal pagados, incluso priva la corrupción entre los ministerios públicos, además de la incompetencia de las policías, que carecen de detectives que investiguen y los que lo hacen son muy incompetentes y, juntos, policías y ministerios públicos arman o desarman los expedientes con deficiencia por negligencia o por corrupción, dejando a jueces sin elementos sólidos para un juicio, cuando así les conviene y en el caso de los humildes ni se ocupan menos se preocupan. Ya con los Presos políticos ni decir; ya que sólo son observadores. Muchos de ellos presentan resultados, por la presión social, encarcelando al primero que se les ocurre y es olvidado en la cárcel, sobre todo si carecen de recursos para pagar una defensa. Los defensores públicos están en situación de mal paga y exceso de trabajo por lo que resulta imposible avanzar al ritmo que exige la ley. Hay otros funcionarios más bestias, como en Chihuahua, cuando Javier Corral, usó esa prisión preventiva oficiosa, con jueces de consigna, para cobrar venganzas en contra de sus enemigos, que no lo eran, pero trabajaron con el que sí lo es. Los extorsionó, los torturó y persiguió, incluidas sus familias. Todos salieron libres por los excesos en el uso discrecional de la ley. Los encarcelaron con autoridades del estado bajo consigna, pero una vez agotadas las instancias locales perdieron todos los amparos que dieron la razón a las víctimas del abuso. Y es que hasta un culpable sale libre cuando no se hace el trabajo bajo los principios legales. Les salió el tiro por la culata.
Debemos reconocer que las garantías individuales consagradas en la constitución son letra muerta para ese tipo de políticos que usan la ley en lugar de aplicarla. Encima, ahora con la protesta por la posibilidad de eliminar la prisión oficiosa muestran su ignorancia cuando se atreven a decir que los tratados no están por encima de la constitución. Y es cierto, no están por encima, pero tampoco por debajo, lean, infórmense, no den pena, son, como ya se entendió, de la misma estatura legal. Me excedo en la explicación, pero es necesario decir que si México firma un Tratado, está obligado a darle trato a nivel de la constitución. Ese dicho de la diputación de Morena de que los Tratados no están por encima de la constitución es inútil y muestra ignorancia. Las cárceles están llenas por fallas del sistema. Es un círculo vicioso que deben resolver de fondo, y no discutirlo como tema político. Argumentan que el poder judicial es corrupto, y es cierto, pero de eso diría mi abuela: ven la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio. Todos son corruptos, pero la falla está en un sistema de justicia y de procuración de justicia mal estructurado. Entonces, también deben abrir los ojos y no echar culpas de un sólo lado; vean en las procuradurías con sus policías y ministerios públicos donde la corrupción es la regla.