México es un país donde la política se impone sobre la justicia. Es tan común que casi se considera legal, incluso, muchas personas lo ven como algo común. Es parte de la cohesión social que no hemos sostenido, pero que el domingo, con la marcha, en 40 ciudades o más, dio señales claras señales de que puede restaurarse, de que si es posible unirnos para defender al país de todo lo que pueda perjudicarlo o hacernos daño. Chihuahua no es la excepción, aunque tenemos una Gobernadora que se empeña y se dedica, desafortunadamente hay áreas del equipo que no le ayudan.
Por ejemplo: Cómo se explica que un violador de niños vencido en juicio, haya recibido condena en libertad por sólo tres años. Que procuración e impartición de justicia es esa? Es impensable e injustificable, hasta se puede pensar que es una noticia falsa.
Javier Corral vendía la procuración de justicia, su única promesa en campaña en 2016 fue: JUSTICIA PARA CHIHUAHUA y nos llevamos el peor chasco de la historia. Se volvió y sus cómplices también, inmensamente ricos. Los expedientes X fueron la mercancía. Funcionarios de la administración anterior, que sabían que tenían la cola larga, se dedicaron a congraciarse con el Rey.
Unos esquilmando a otros para llevar dinero y anular su expediente. Algunos de ellos están ahora en el gabinete. Otros, como Jaime Ramon Herrera Corral se volvieron traidores o sapos que “pusieron” a otros con engaños y fingiendo amistad para sacar información o invitándolos a algún lugar y luego llevaron la información y/o fueron a donde se reuniría con ellos para apresarlos. Firmó todo lo que le pidieron sin importar falsedades. Hubo algunas excepciones en funcionarios que se presumían de cola larga como Pedro Hernandez, que no fue tocado por haber negociado su libertad con cifras de muchos ceros. Pero hubo 11 o 12 porque uno murió de covid en la cárcel, sin recibir atención, o dicho de otro modo lo dejaron morir. Los otros 11 están libres, nunca se rajaron, se sostuvieron en su inocencia y en defender sus derechos violados. Amparos federales hicieron posible desbaratar la procuración y la impartición de justicia del Estado. Hoy esperan que las nuevas autoridades les regresen sus bienes que fueron embargados, pero hay funcionarios que proceden de la anterior administración como la licenciada Orpinel de la fiscalía anticorrupción que se oponen y se entrometen para que se les regresen sus bienes. Y lo peor es que sigue órdenes de Gema Chavez, cuando ahora trabaja para Maru Campos y eso se llama deslealtad y traición.
Recién hice una investigación sobre presos en México y la sorpresa fue mayúscula: más del 80% de los presos tienen más de dos años sin sentencia y eso viola la constitución y la ley. ¡Lo peor! A nadie le importa.
Esos presos tienen el derecho de seguir sus procesos en libertad y el sólo hecho de hacerlo dejaría las cárceles casi vacías y el Estado ahorraría inmensas cantidades de dinero, pero resulta que la propia cárcel es una mina de oro y sale un dineral cada semana por lo que soltarlos privaría de esas ilegales ganancias a los de la procuraduría.
Hay derechos fundamentales que no prescriben y ese es uno de ellos: El debido proceso. Urge que Maru haga cambios echando fuera a los malos funcionarios y el Congreso intervenga en el Tribunal Superior de Justicia. Todo Chihuahua se pregunta: ¿Y Javier Corral qué? ¿Será presentado ante la justicia o habrá que hacerle un monumento por su exitosa gestión?