- El exmandatario panista recuerda que quienes denuncian torturas tendrán que enfrentarse a los delitos por los que los acusaron
El exmandatario panista Javier Corral acusó a la gobernadora, la también panista María Eugenia Campos Galván, de pavimentarle el camino para que salga libre el exgobernador César Duarte presionando a los testigos protegidos o quienes se acogieron al beneficio de la oportunidad para que se desdigan en sus declaraciones ante diversos jueces y en diferentes procesos.
Mediante diferentes entrevistas y en sus redes sociales Corral Jurado dijo que es una venganza lo que se está haciendo ahora contra el fiscal anticorrupción, Francisco González Arredondo, a quien este jueves se le dictó prisión preventiva acusado por el delito de tortura.
Lo anterior, dijo, por las investigaciones en contra de la mandataria estatal acusada de participar en la red de corrupción del priísta Duarte y haber sido vinculada a proceso.
Corral asegura que Campos –ambos del Partido Acción Nacional, PAN– fue beneficiaria de sobornos cuando fue legisladora y en tiempos en los que César Duarte Jáquez, hoy detenido en Chihuahua, era el Gobernador. Este año, un juez vinculó a proceso a Duarte y le dictó prisión preventiva de seis meses por los delitos de peculado agravado y asociación delictuosa.
Previamente cuando iniciaron las averiguaciones, Duarte se fugó de México y fue capturado en Estados Unidos. Uno de los que lo inculparon fue su propio exsecretario de Hacienda y socio, Jaime Ramón Herrera Corral.El exmandatario de Chihuahua llegó a México el pasado 2 de junio, después de que el Gobierno de Estados Unidos aprobara su extradición.
A las declaraciones del exmandatario de Chihuahua se unieron el propio Gustavo Madero, actualmente senador panista quien denunció que se está desmantelando la operación “justicia para Chihuahua”.
La gobernadora de Chihuahua ha reiterado en varias ocasiones que el exgobernador intentó inculparla de corrupción para imponer como candidato del PAN al Gobierno chihuahuense a Gustavo Madero, cercano a él. Corral dice que Campos utiliza su posición para defender a Duarte Jáquez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“Es una burda maniobra para tratar de desacreditar y desarmar las investigaciones que lograron documentar la corrupción del exgobernador y allanarle el camino de la impunidad. Y es también una venganza política impulsada por la propia Gobernadora”, acusó Javier Corral.
El exmandatario estatal destacó que desde que María Eugenia Campos llegó al Gobierno varios de los cómplices de César Duarte han logrado salir de prisión, mientras que otros testigos con identidad reservada que tienen calidad de imputados se han venido desdiciendo de las declaraciones que brindaron ante diversos jueces y en distintos procesos. En ese sentido, Javier Corral aseguró que con el fin de justificar su retractación, ahora se dicen “torturados”.
Hizo ver sin embargo que de acuerdo a la ley, si se desdicen de sus declaraciones, deberían entonces continuar con las investigaciones en su contra y fincarles la responsabilidad por los delitos que cometieron.
Del exfiscal, Corral ha reiterado su respaldo señalando que es un profesional del derecho con pleno reconocimiento entre organizaciones sociales, quienes lo propusieron para fungir como primer Fiscal Especializado en Materia de Derechos Humanos. “Nos consta su honorabilidad y rectitud”, expresó.
“Para justificar su retractación, ahora se dicen “torturados”. Es una perversidad política y una brutal ruptura del Estado de Derecho que con base en ello se le detenga. Que caro le está saliendo a Chihuahua el empeño de María Eugenia Campos por tratar de lavarse la cara”, dijo el exmandatario chihuahuense olvidándose que Duarte dejó tras de sí una “amplia red de corrupción” y una deuda estatal de más de dos mil millones de dólares.
María Eugenia Campos Galván fue señalada y sometida a juicio por seis delitos de corrupción, los cuales están vinculados con el exgobernador César Duarte Jáquez. A principios de abril del año pasado fue vinculada a proceso por el delito de cohecho pasivo, por su presunto involucramiento en la llamada “nómina secreta”, de la que habría recibido más de nueve millones de pesos. Sin embargo, peritos grafoscópicos aseguraron que las firmas de los recibos presentados en contra de la Gobernadora son falsas.
Con información de Sin Embargo