Pareciera que el sistema del ejercicio público gubernamental enfrenta una crisis que pareciera insalvable, pero como demócratas seguimos pensando que con la ciudadanía es posible asegurar que el ejercicio gubernamental será apegado estrictamente al marco legal y a los principios que ejercen la función pública, manifestó el diputado Mario Humberto Vázquez Robles, Presidente de la Comisión Especial para la Reforma Integral del Congreso del Estado, al inaugurar el conversatorio “La Constitución como Garante de Legalidad, Responsabilidades de los Servidores Públicos y Fiscalización”, convocado por el Poder Legislativo de Chihuahua y con la que participaron del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) y el Tribunal de Justicia Administrativa (TEJA).
Por su parte, Luis Gustavo Parra Noriega, Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), dijo en su participación que la Constitución debe garantizar la autonomía a organismos encargados del acceso a la información, con la suficiencia presupuestaria para garantizar que cumplan con sus funciones y que cuando lleguen los cambios de gobierno y otro partido, esté garantizada la continuidad de sus funciones.
Comentó que si bien la autonomía de los órganos garantes de la transparencia, al igual que la COFECE y otras instituciones, se encuentra establecida en el artículo 116 de la Constitución, es necesario que quede plasmado en la Constitución para que su continuidad no esté sujeta al “humor” del gobernante en turno.
Los “órganos autónomos, especializados, colegiados, con plena autonomía técnica y de gestión para determinar su organización interna”, no deben depender de la presión del poder, para garantizar el derecho de acceso a la información, lo que implica transparencia y lo mismo aplica para los sistemas anticorrupción, manifestó el Comisionado del INFOEM.
Por su parte Irma Carmina Cortés Hernández, Magistrada Presidenta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Nayarit, consideró que aprovechando que la reforma a la Constitución se trata de un cambio de gran calado, debe aprovecharse para establecer los procedimientos y causales de remoción de los Órganos Internos de Control (OIC).
Para que dichas instancias que coadyuvan en el combate a la corrupción funcionen, requieren no solo de contar con un marco legal, sino también con la voluntad de las personas, además de la colaboración entre las instancias. “Las instituciones autónomas no deben verse como un trabajo a puerta cerrada”, debe haber pláticas, intercambio de experiencias, mencionó la Magistrada.
También participó la Magistrada Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de chihuahua, Mayra Aida Arróniz Ávila, quien manifestó que el trabajo de los tribunales no es de persecución del delito, tarea que corresponde a la Fiscalía Anticorrupción y a la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación.
Así mismo, advirtió que en las funciones de los órganos encargados de combatir la corrupción debe haber cuidado para no incurrir en la invasión externa en la administración de justicia.
Héctor Alberto Acosta Félix, Auditor Superior del Estado de Chihuahua, mencionó que gracias a reformas y creación de nuevas leyes e instituciones se expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas que permite dar un paso a las entidades de fiscalización tanto federal y estatal, tengan no solo la función de auditar, sino de poder fincar responsabilidades y las convierten en una especie de fiscalías en materia administrativa para faltas graves.
El Comisionado Presidente del ICHITAIP, Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel y la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo, estuvieron presentes en el conversatorio y al final entregaron reconocimientos a los expositores.
Como moderadores del conversatorio estuvieron la diputada Leticia Ortega Máynez y el diputado Roberto Marcelino Carreón Huitrón.