El abogado del exgobernador César Duarte Jáquez, Juan Carlos Mendoza Luján, quien también fue defensor del fallecido ex director del Fideapech, José Lázaro Joaquín López Ramírez, informó que el pasado 14 de noviembre la Secretaría de la Función Pública emitió su resolución definitiva sobre el Procedimiento Administrativo P.A.D. 002/2019, el cual se quedó sin efectos.
Por lo tanto se quedó libre de responsabilidades administrativas por la denuncia presentada contra él, César Horacio Duarte Jáquez y Mireya García Medina, todos ellos incluidos en el mismo procedimiento.
A partir de dicha resolución, la defensa buscó por medio de un juzgado de control que dicho tribunal concediera una audiencia de control a fin solicitar el sobreseimiento de la causa penal que también le fue impuesta como “desmedida aberración jurídica” a fin de limpiar el nombre de un inocente; sin embargo, hasta este derecho junto con su vida le fue arrancado, ya que el juez de Control señaló que no la podía conceder porque ya otra juzgadora había resuelto por medio de un auto de fecha 28 de agosto del 2021 (dos días después de su muerte) que la causa penal de Lázaro había sido sobreseída con efectos de sentencia absolutoria.
”Por supuesto, este auto nunca se nos comunicó, escondieron como lo hicieron en su operación ‘mentira para Chihuahua’ la verdad y la bloquearon en ese momento. La juez siempre supo que Lázaro era inocente, tan lo supo que derivado de una de las audiencias en las que buscamos la modificación de su medida cautelar de la prisión preventiva le expusimos la complicidad del ministerio público con el Director del FIDEAPECH al momento de presentar la denuncia en contra de Lázaro”, expuso el abogado en un comunicado.
Detalló que la juez misma presentó una denuncia por ese hecho ante la Unidad Especializada Contra el Servicio Público y Adecuado Desarrollo de la Justicia, la cual se le asignó el número único de caso 2019-0026821, denuncia que desde luego nunca fue investigada que ya la misma iba a arrojar violaciones a los derechos humanos, al debido proceso y a la verdad histórica, “que siempre pretendieron ocultar”.
Lázaro fue detenido en julio del 2018 por una denuncia ilegalmente presentada por el Director del FIDEAPECH en diciembre de 2017, ilegal porque fue fundada en una ley abrogada, usurpando funciones y falsificando pruebas; señalando al FIDEAPECH como organismo público sin serlo y a Lázaro como servidor público sin tampoco tener esa calidad, ambas calidades necesarias para “encuadrar” la existencia del delito de peculado.
“Murió como delincuente por un delito inexistente y todos lo sabían, pero el odio sin escrúpulos y la persecución política que Javier Corral el gran Perverso, instituyó como política pública en contra de César Duarte y funcionarios de su administración, institución que llevó a Lázaro a la muerte por negligencia, perversión y odio de Corral y sus subalternos”, agregó.
Mendoza Luján manifestó que el pasado 29 de noviembre, el juez de control de la causa penal de Lázaro ( 2535/2018 ) notificó la negativa de la Audiencia de Control porque la causa penal contra Lázaro fue sobreseída con efectos de sentencia absolutoria; “tal resolución no le da a la familia ni a la defensa la oportunidad de demostrar en una audiencia no solo su total inocencia frente a un delito inexistente, sino que con esa resolución se intenta cerrar la compuerta de la mentira para esconder todas las indescriptibles violaciones y torturas de las que fue objeto él y su familia; mientras que la sociedad completa sigue engañada con la venta de una gran mentira envuelta en papel crepé con forma de justicia”.
Abundó que Corral Jurado, a quien calificó como el gran operador de la “Mentira para Chihuahua” enfrenta las consecuencias y que tarde o temprano lo harán todos quienes en el caso de Lázaro y de muchos más utilizaron el poder que les dio la sociedad para engañar a jueces, fiscales, y demás funcionarios públicos.
Mencionó que todos sabrán lo que es una verdadera justicia, la cual pidió deje de ser instrumento para fines personales y sea instrumento verdadero para el bien común de la sociedad.
“Este crimen de Estado tiene todas las características propias de este tipo de crímenes, ya que en la muerte de Lázaro hubo acciones y omisiones antijurídicas, típicas, culpables y punibles e imputables a un Gobierno o sus dependencias, a representantes, funcionarios o autoridades, agentes y subalternos; en este crimen hay al día de hoy, denuncias penales y administrativas abiertas que no se investigaron y siguen sin investigarse ni resolverse. La responsabilidad de resolver estas denuncias sigue teniendo nombres y rostros, mientras que la muerte de Lázaro sigue siendo un crimen cuyos autores, estando perfectamente identificados, con excepción de uno, los demás siguen sin investigar ni perseguir”, se lee en la circular.
Juan Carlos Mendoza junto al abogado Jaime Terán Ruiz, expresaron que Lázaro “descansa” esperando encontrar algún día justicia en una tumba prestada esperando que la Fiscalía termine al menos para con él, la gran farsa de la que sigue siendo objeto y le permita a la familia cremar su cuerpo y llevarlo por fin a casa en la ciudad de México de donde fue originario y cuyo único gran pecado fue el haber querido servir con su gran talento a la sociedad chihuahuense.
El ex funcionario fue acusado del desvío de 6 millones de pesos para destinarlos a la Financiera División del Norte durante el 2012.