El tratado de Viena de 1993 obliga a México al respeto absoluto de los derechos fundamentales. Pero no lo hace, pese a llamados y recomendaciones desde 1998.
En los próximos días llegará la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se ordena a México suprimir la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada sea concedida sólo si se demuestra que es necesaria, y será a juicio del juez, nunca sólo por petición del MP.
La CIDH ya dictó la sentencia y ordena a México que elimine tanto el arraigo como la prisión preventiva oficiosa. Y si México no atiende la sentencia, la CIDH agrega dos párrafos en los que ordena directamente a los jueces que la apliquen.
Esta resolución será, como todas, retroactiva en beneficio de los presos en esas condiciones. La urgencia sería para quienes tienen más de dos años privados de su libertad sin sentencia.
En Chihuahua hay 3600 personas en estas condiciones. Si o sí, tendrán que empezar a respetar los Derechos Fundamentales.
Ojalá Chihuahua sea punta de lanza.