Si bien ni Gobierno del Estado ni concesionarios lo harán oficial hasta el término de la reunión prevista en Ciudad Juárez con el Consejo Consultivo de Transporte en aquella frontera, extraoficialmente trascendió que la actualización de la tarifa será de hasta 12 pesos en las rutas alimentadoras y de 10 pesos para la Ruta Troncal del Bowi. Asimismo, Gobierno entregó una lista de diez exigencias, entre las que se encuentra la de la renovación del 100 por ciento de las unidades que excedan los 10 años de antigüedad, y la reactivación de todas las rutas, o de lo contrario les retirará la concesión. Se habilitará una aplicación celular para que los usuarios puedan saber si los camiones andan operando y cuánto tiempo falta para que llegue la unidad que desea abordar. Se estableció el acuerdo de revisar la tarifa cada año.
Al término de la reunión en la capital, alrededor de las 11:20 horas, el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, salió corriendo rumbo a Ciudad Juárez, enfatizando que no sería hasta después de ese encuentro que se oficializaran los acuerdos. Hizo hincapié en que el principal compromiso del Ejecutivo es con los usuarios del transporte y que en esta línea consideraban que el acuerdo alcanzado era satisfactorio.
En la misma línea, el secretario general de Permisionarios Unidos -una de las cuatro empresas de CTM- y representante de alrededor del 85 por ciento de los concesionarios, Francisco Javier Lozoya Ontiveros, aseguró que “si bien no es lo que esperábamos”, la actualización era un avance y que “son más los requerimientos que la actualización”.
En este sentido, apunto que los concesionarios “vamos a salir raspados” sobre todo teniendo en cuenta la obligatoriedad de renovar el 100 por ciento de las unidades que superan los 10 años de antigüedad, que en el caso de los concesionarios que él representa precisó que eran del orden de las 150.
Asimismo relató el decálogo de exigencias que tendrán que asumir los concesionarios, entre las que además de la renovación de unidades se encuentra la reactivación de rutas -en el caso de ellos algunas como Granjas, Ruta 100 o Santa Rosa-, la incorporación de GPS en todos los camiones, la capacitación de los choferes, prestaciones de ley para los mismos, revalidación y documentos en regla ante la Subsecretaría de Transporte, y pagos en tiempo y forma. De no respetar el compromiso de año-camión se enfrentarán a la retirada de la concesión.
Se analizará la posibilidad de que las alimentadoras vuelvan a operar por vialidades como la Universidad, Vallarta, Tecnológico u Ocampo, entre otras, por las que estas rutas dejaron de transitar con la entrada en funcionamiento del ViveBús.
