- En tanto, el exgobernador César Duarte reitera que de ser un “perseguido político” y ahora es “un botín político”.
La Fiscalía General del Estado confirmó hoy que Antonio Enrique Daría García, exfuncionario de la administración del exgobernador César Duarte Jácquez y sujeto a un proceso por desvío de recursos “se suicidó”.
Mediante un comunicado oficial, la FGE dijo que la carpeta de investigación de García Tarín “es por suicidio.
“El Fiscal de Distrito de la Zona Centro, Francisco Martínez Valle, informó que se inició una carpeta de investigación en torno al suicidio una persona cuya identidad fue confirmada por familiares como Antonio Enrique T. G., de 37 años de edad”, señala el comnunicado.
Hizo ver además que las indagatorias iniciales, “arrojan que la persona llegó hasta las inmediaciones del puente ubicado en la avenida Homero y Periférico de La Juventud en su vehículo particular, del cual descendió con el resultado ya conocido.
“De igual manera, de acuerdo con el informe de la Policía Municipal, como primeros respondientes, se recibió un reporte de una persona fallecida que se lanzó del puente del Libramiento”.
La fiscalía hizo ver que la escena fue procesada por peritos de Servicios Periciales, en tanto que personal del Servicio Médico Forense se encargó de trasladar el cuerpo a las instalaciones del C4 para practicarle la necropsia de ley correspondiente.
“Se espera hoy mismo realizar la entrega a la familia, una vez que se realicen las diligencias correspondientes relacionadas con la carpeta de investigación”, señala.
Tarin García, estaba obligado a pagar una fianza de 5 mdp
Enrique Tarín García, quien contaba con un brazalete geolocalizador por estar sujeto a una causa penal, había promovido un total de 120 amparos ante la justicia federal.
Asimismo, contaba con siete carpetas de investigación abiertas por acusaciones relacionadas con el delito de peculado agravado por el desvío de 246 millones de pesos del erario público del estado de Chihuahua.
El ahora fallecido exdirector de adquisiciones de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, estaba obligado a pagar una fianza de cinco millones de pesos, como parte de las medidas cautelares que se le aplicaron en la causa penal que se seguía en su contra.
Enrique Tarín. Foto: Archivo Exprés
Fue el 12 de octubre de 2021 cuando un tribunal federal confirmó la resolución de un juez de control con residencia en el Reclusorio Norte, en la ciudad de México, quien le impuso al exfuncionario la medida cautelar económica, así como la prohibición de salir del país, acercarse a otros testigos y la obligatoriedad de portar un brazalete, mismo que tenía al momento de su muerte.
Tarín García fue detenido el 7 de mayo de 2017 en una vivienda ubicada en avenida Insurgentes y calle Circuito, en la Ciudad de México, acusado del desvío de recurso antes mencionado, pero señalado también en otras cinco carpetas de investigación, por las cuales no fue procesado.
Días antes de su captura, intentó asumir la diputación federal por el Distrito IX con cabecera en Hidalgo del Parral, en sustitución de Carlos Hermosillo Arteaga, quien había fallecido en un extraño accidente de carretera.
Tras su arresto en la Ciudad de México, fue trasladado vía aérea a Chihuahua, presentado ante un juez de control e internado en el Cereso de Aquiles Serdán. La vinculación ocurrió el seis de junio por los delitos de peculado agravado. La salida de prisión gracias a un amparo fue el 20 de diciembre del 2021.
Sin embargo, posteriormente le fue negada su petición y con ello quedó sin la protección del fuero constitucional.
Tras una larga lucha judicial, el 29 de marzo de 2021, un Tribunal Colegiado confirmó la sentencia en su contra, misma que había dictado un Tribunal de Enjuiciamiento el 19 de julio de 2019.
De acuerdo con el fallo emitido por el tribunal colegiado, el Ministerio Público de Chihuahua, demostró que de julio a septiembre de 2016 Tarín García, en complicidad con otros servidores públicos, desvió la cantidad de 2 millones 420 mil pesos del erario de Chihuahua.
En su alegato contra las medidas cautelares, Tarín aseguró que no tenía recursos para pagar una fianza de esas dimensiones –pese a que inicialmente era de 50 millones de pesos– ya que los años que llevaba en proceso, sin poder trabajar, lo habían dejado sin ingresos.
El tribunal desestimó los argumentos del acusado y sostuvo el fallo.
Al momento de su muerte estaba en proceso por esa causa y aún portaba el brazalete; se desconoce si había cubierto la fianza.
Tarín García fue señalado por la Fiscalía General del Estado (FGE) en la pasada administración estatal de Javier Corral como uno de los principales operadores del entramado de corrupción que supuestamente orquestó el exgobernador César Duarte Jáquez.
“En mi caso tramité alrededor de 120 amparos, de los cuales muchos aún no se resuelven”, apuntó en diciembre en entrevista realizada por El Diario al exfuncionario, a un año de que logró salir de prisión gracias a que le fue concedido un amparo por un juzgado federal. Los amparos, fueron con el objetivo de cambiar la medida cautelar que lo mantuvo en prisión por cuatro años siete meses.
En la actualidad Tarín García, contaba con siete carpetas de investigación abiertas por acusaciones relacionadas con el delito de peculado, además de una sentencia por el delito de peculado agravado por la cantidad de 2.4 millones de pesos.
Antonio Tarín nació en Parral, Chihuahua, en 1985. Era licenciado en Relaciones Internacionales, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Chihuahua, donde también estudió una maestría en Gestión Gubernamental.
En el 2010 fue nombrado director de Administración y Finanzas del Instituto Chihuahuahuense de Salud, y en octubre de 2013, quedó a cargo del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda del Estado.
En el 2015 se postuló por el PRI como diputado federal suplente por el Distrito 9 y siendo el candidato propietario Carlos Hermosillo Arteaga, quien falleció en marzo del 2017, pero Tarín no pudo tomar protesta por las acusaciones en su contra.
César Duarte, tras su extradición de Estados Unidos a México. Foto: Cuartoscuro
“¿Necesitan más nombres?”, pregunta en carta abierta el exgobernador César Duarte
Por otra parte, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte reiteró sus cuestionamientos a la Fiscalía General del Estado por la “desaparición” de dos carpetas de investigación
En dichas carpetas de investigación se acusaban a exfuncionarios de la administración del panista Javier Corral Jurado.
La carta fue dirigida a la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Myriam Hernández, así como al fiscal general del estado, César Gustavo Jáuregui Moreno.
En dicha misiva, con fecha 29 de marzo, el exmandatario asegura que dejó de ser un “perseguido político” y ahora sólo es un “botín político para un muy cuestionable interés político”.
Además, pide a la Fiscalía que explique por qué razón “olvida y omite investigar” a los funcionarios del gobierno de Javier Corral denunciados por supuestamente haber simulado pruebas y falsear sus declaraciones ante las autoridades para incriminarlo a él y a otros ex servidores públicos.
Cuestiona si se le otorga “ilegal inmunidad” al exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Velez, así como a la exdirectora jurídica, Abril Portillo de la Fuente, así como a otros exfuncionarios como el extitular de Función Pública y actualmente magistrado, Daniel Gregorio Morales Luévano, contra quienes presentó denuncias en marzo de 2022.
“¿De la nada desaparecieron entre otras, las carpetas de Investigación NUC 19-2022-00005838 y NUC 19-2019-0026821; ¿necesitan más nombres, más números de carpetas de investigación o más denuncias?”, señala Duarte Jáquez.
Duarte, quien fue extraditado a México en febrero de 2022, tras haber sido detenido en Estados Unidos en 2020, se encuentra preso en Chihuahua por cargos de asociación delictuosa y peculado por más de 96 millones de pesos.
César Duarte. Foto: Archivo Exprés
Esta es la carta íntegra dada a conocer por Juan Carlos Mendoza Luján, abogado del exgobernador:
LIC. MAGISTRADA PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
LIC. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
P R E S E N T E S
29 DE MARZO DE 2023
ASUNTO: CARTA ABIERTA
Existe perfecta claridad en el día que empezó mi nombre, mi historia y mi patrimonio a ser destruidos para darle a Chihuahua una supuesta Justicia ofrecida por un quinquenio maldito; sin embargo, no hay claridad respecto de cuándo terminará la protección que las instituciones del Estado parecieran brindar con impunidad y sin justicia, contra quienes usan el poder sólo en favor de sí mismos.
¿En qué momento el Poder Judicial del Estado olvidó que en ningún caso una persona puede estar privada de su libertad sin una sentencia condenatoria por más de dos años? ¿en qué momento el Poder Judicial del Estado olvidó que los actos procesales tienen plazos y términos de carácter no discrecional sino obligatorios y que deben cumplirse? ¿en qué momento el Poder Judicial del Estado olvidó la Soberanía que la Constitución le confiere a su poder?
Alguien del Poder Judicial del Estado le puede explicar a la sociedad el por qué de la manera más absurda y contraria a derecho, niegan solicitudes legalmente fundadas y resuelven en contra de manera automática con la única finalidad de que los Juzgados Federales resuelvan, dilatando con ello resoluciones y utilizando al Poder Judicial de la Federación, así como pervirtiendo su finalidad; esto además de transformar el juicio de amparo de un medio de control constitucional… en un medio para que resuelva un Juzgado Federal lo que un Poder Judicial del Estado dolosamente no resuelve; generando con ello, una enorme desconfianza en la sociedad ante la administración de una “Justicia” selectiva que hicieron una clara e identificada cantidad de Jueces de Consigna quienes cometieron atroces atropellos (como el caso de José Lázaro Joaquín López q.e.p.d.) y que gozaron y siguen gozando de total impunidad.
A casi tres años de estar privado de mi libertad y de mi patrimonio, dejé de ser un perseguido político y sólo soy un botín político para un muy cuestionable interés político.
Desafortunadamente el olvido no es exclusivo del poder judicial; ya que ¿en qué momento la Fiscalía del Estado olvidó que sus actuaciones también están todas ellas sujetas a la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a los Tratados Internacionales? ¿Cómo fue que olvidó que los bienes asegurados y embargados tendrán en su momento que ser devueltos tal como fueron asegurados y embargados junto con los productos de los mismos? ¿Cómo es que olvidó que dicha responsabilidad no es ya responsabilidad de la perversa administración estatal anterior?
Hace más de dos mil 150 días que inició institucionalmente bajo el amparo de una “debida investigación” y una probable “reparación de un daño” el aseguramiento y embargo de mis bienes, de los de mi familia y hasta de mis amigos por el sólo hecho de ser mi familia y mis amigos. Dichos bienes, fueron objeto ya de un juicio de extinción de dominio bajo el número de Expediente 74/21, juicio que se concluyó conforme a derecho al demostrar que dichos bienes habían sido adquiridos antes de haber sido gobernador; sin embargo, horas después, de manera absurdamente arbitraria e ilegal me volvieron a privar de ellos en complicidad jueces y ministerios públicos. Desde la primera vez que fueron asegurados y hasta la fecha, prácticamente toda autoridad y servidor público que entra en contacto con ellos, han cometido el delito de daños, o robo o despojo, todos estos delitos cometidos en mi contra por funcionarios públicos y cuyas instituciones a las que pertenecen parecieran que ignoran quienes en su carácter de depositarios y administradores son los responsables de denunciar y perseguir tales delitos, o ¿están esperando a que sea yo mismo quien los denuncie, cuando en este momento la responsabilidad legal es de ellos?
¿Podrá alguna vez explicar la fiscalía cómo y por qué omite y no investiga a todo su personal que destruyó y robó, o permitió que destruyeran y robaran mis bienes que están bajo su responsabilidad y resguardo?
¿Puede explicar la fiscalía por qué olvida y omite investigar a los funcionarios de la administración anterior quienes se encuentran debidamente denunciados porque simularon pruebas y falsearon sus declaraciones ante las autoridades para incriminarme a mí y a otros ex servidores públicos?, o acaso ¿le siguen otorgando ilegal inmunidad entre muchos otros a ARTURO FUENTES VELEZ, ABRIL PORTILLO DE LA FUENTE, JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO, SILVIA MADRID BUSTILLOS, GREGORIO DANIEL MORALES LUÉVANO? ¿De la nada desaparecieron entre otras, las carpetas de Investigación NUC 19-2022-00005838 y NUC 19-2019-0026821; ¿necesitan más nombres, más números de carpetas de investigación o más denuncias?
¿En qué momento la historia parece olvidar que siendo mi predecesor considerado como el gobernador más mentiroso de la historia del Estado, de todos sus innumerables embustes, lo dicho sobre mí, es lo único que fue verdad? y por ello, el derroche inútil de recursos en su operación justicia, la tortura ordenada y consentida, las faltas graves de ministerios públicos y demás funcionarios parecen ser que merecieran por esta administración y por la historia la indolencia de un justificado olvido.
¿Cómo es posible que la Comisión Estatal de Derechos Humanos pueda reconocer violaciones a los derechos humanos en ocho meses en un caso altísimamente similar al mío y en el mío hayan pasado ya veintiún meses y aun no haber presentado la recomendación conducente dejando mis Derechos Humanos completamente en el olvido?
De la manera más respetuosa, les digo a quienes hayan tenido interés en leer estas líneas que no busco indulto alguno; toda vez que un juicio justo y apegado a la Ley les dará la seguridad de que lo que de mí se dijo solo fue un gran teatro para una persecución política que en principio solo benefició a un ser inhumano y enfermo de sí mismo.
El pasado 25 de marzo cumplí mil días de haber sido privado de mi libertad. aproximadamente mil 800 días antes, ya había sido privado, sin juicio ni proceso penal alguno, de mi honor y reputación; pero más allá de ello, todos podremos coincidir en algo: “No hay historias eternas ni caminos sólo de ida; la Verdad Histórica es uno de ellos, un camino de dos carriles, muy estrecho, pero con ida y vuelta…”
¡Que el Cielo bendiga a Chihuahua!
CESAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ
Con información de Aristegui Noticias, Diario de Juárez, Norte de Juárez