Este lunes el exsecretario de Salud durante el gobierno de Javier Corral, Eduardo F. H., fue presentado ante el juez de control César Alberto Villalba Máynez en la audiencia por la causa penal 1641/2023 en la cual el Ministerio Público le formuló imputación por el presunto delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. Esto mediante la contratación de un crédito de forma irregular por 401 millones de pesos y fabricando documentos con un supuesto propósito, pero realmente con la intención de cubrir un adeudo de la Secretaría de Hacienda del ejercicio fiscal anterior, de 2020, por un monto de 24 millones, cantidad a la que ascendería el daño ocasionado. Tras fijar para este viernes la audiencia de vinculación o no a proceso, y escuchar a las partes, el juez Villalba Máynez permitió al exsecretario de Salud seguir el proceso en libertad al imponerle como medida cautelar acudir a firmar semanalmente, la entrega del pasaporte para evitar su evasión y un depósito en garantía de 800 mil pesos.
El exfuncionario estatal durante el pasado quinquenio 2016- 2021 fue detenido ayer domingo por agentes de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua por el presunto delito antes mencionado.
La razón social del MP expuso ante el juzgador que con fecha 3 de marzo de 2021, cuando el Eduardo F. H. fungía como secretario de Salud, firmó un convenio “atípico” para la solicitud de un crédito por 401 millones 364 mil pesos en favor del Instituto Chihuahuense de la Salud, cantidad que se debería retornar en seis mensualidades comprendidas entre el último de marzo y el 30 de agosto, días antes de la conclusión del quinquenio de Corral. Los primeros tres meses se comprometía a depositar 20 millones de pesos al mes, en junio y julio 120 millones al mes, para en agosto liquidar los poco más de 101 millones restantes.
El Ministerio Público señaló que para ello las autoridades, Eduardo F. H. entre ellos, generaron un documento público irregular reconociendo la existencia de una deuda por dicho importe con el organismo descentralizado ICHISAL del cual, en su calidad de secretario de Salud, el hoy detenido fungía como director general.
De esta forma, alegó, intentaron justificar la posterior contratación de un crédito por los citados 401 millones de pesos. Posteriormente, como director del ICHISAL solicitó permiso a Gobierno para ceder los derechos de cobro del crédito contratado con BANSI S.A. Institución de Banca Múltiple.
Continuando con su relato, el Ministerio Público apuntó que con fecha 17 de marzo de 2021 Eduardo F. H. firmó un contrato “De descuento de documentos” con BANSI, el 19 de marzo la entidad bancaria depositó los 401 millones, que tras la aplicación de cargos el 22 de marzo quedaban en 377 millones de pesos, cifrando en 24 millones 114 mil pesos la carga irregular parada por ICHISAL y Gobierno del Estado.
El MP afirmó que el exsecretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez, para quien la pasada semana también fue informada la existencia de una orden de aprehensión autorizada por un juez, autorizó a Eduardo F. H. el presunto crédito ilegal. De hecho, sostuvo que el verdadero propósito de la operación era saldar un adeudo de la Secretaría de Hacienda, de unos 24 millones de pesos, del ejercicio 2020.
Tras la formulación de imputación y fijar para este viernes 19 de mayo la audiencia de vinculación o no a proceso, las partes entraron a la discusión de la medida cautelar. La defensa alegó, para eludir la prisión preventiva, que Eduardo F. H. ya había comparecido en un proceso administrativo hace un mes, que pese a que salió a Texas regresó a Chihuahua y contaba con arraigo, ya que tiene 38 años residiendo en el mismo domicilio.
De hecho, el mismo acusado de propia voz, trasladó a las partes intervinientes y al juez Villalba que acudiría ante él las veces que fuera citado con la finalidad de poder defenderse y aclarar la operación de la cual el Ministerio Público le acusa.
El juzgador, con base a estos argumentos, permitió a Eduardo F. H. seguir el proceso en libertad, imponiéndole como medida cautelar la firma de forma semanal, la entrega de su pasaporte y visa, así como el pago de una garantía por un monto de 800 mil pesos.