El secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, manifestó su preocupación y desaprobación respecto al cese de la actividad jurisdiccional y la eliminación de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación por parte del Gobierno Federal. Se cuestiona el destino de los recursos obtenidos y las implicaciones para los empleados jubilados de este Poder.
Estas inquietudes surgen después de que el Poder Judicial de la Federación en Chihuahua se unió al paro nacional, que busca revocar la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de cancelar ciertos fideicomisos asociados al Poder Judicial.
Santiago de la Peña mencionó declaraciones de líderes sindicales del Poder Judicial que han señalado que, aunque la justificación del Gobierno Federal para la cancelación se basa en reducir prestaciones consideradas «excesivas», los fideicomisos que se están cancelando no están vinculados con dichas prestaciones. En este contexto, De la Peña señaló la incongruencia de esta decisión y expresó dudas sobre el verdadero motivo detrás de la cancelación y el uso futuro de esos fondos.
El secretario también recordó que, tras la eliminación del Fondo para los Desastres Naturales (FONDEN), se prometió que el Gobierno Federal manejaría adecuadamente las situaciones derivadas de desastres naturales. Sin embargo, esta promesa no se cumplió, y ahora se busca que sean las entidades estatales las que asuman esas responsabilidades.
La cancelación de estos fideicomisos genera incertidumbre y preocupación sobre las garantías y la seguridad financiera para los empleados del Poder Judicial y pone en cuestionamiento la gestión y las decisiones del Gobierno Federal en relación con la administración de fondos públicos.