Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), reveló que una toma clandestina de agua en la vivienda de Alfredo Lozoya ha estado en funcionamiento durante aproximadamente cinco años. Esta situación fue denunciada de forma anónima en cinco ocasiones.
Mata Carrasco explicó que no habían tomado medidas antes debido a la proximidad de los tiempos electorales, ya que existía el riesgo de que Lozoya denunciara una persecución política. “La última denuncia nos alarmó porque era una toma de 3 pulgadas de diámetro, lo que equivale a nueve litros por segundo, 283 mil litros cúbicos al año, o 283 millones de litros en cinco años. Esa denuncia llamó nuestra atención. Fuimos a la casa y no tenía contrato ni registro en la banqueta, pero sí tenía agua”, dijo Mata.
Se detectó que el tubo que suministraba agua atravesaba toda la vivienda y terminaba en la parte trasera, presumiblemente para llenar pipas que luego suministraban agua a varios lugares.
“Encontramos la entrada a la casa que es clandestina y no se permite ese diámetro para tomas domiciliarias. Él había intentado colocar un tapón de plástico, pero se veía claramente que estaba mojado. El tubo clandestino atravesaba el patio de la casa y salía por la pared, aparentemente para alimentar las pipas que distribuía”, aseveró.
Respecto a la multa que se impondrá a Alfredo Lozoya, el personal de la JCAS está calculando el monto debido al largo período de uso y la cantidad de agua suministrada ilegalmente. Además, se interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Mata Carrasco añadió que, al llegar al domicilio, Lozoya amenazó al personal de la JCAS, por lo que tuvieron que solicitar el apoyo de la FGE.
Asimismo, el titular de la JCAS manifestó que están calculando el monto de la multa que aplicarán al exalcalde parralense, si bien enfatizó que lo más importante será lo que se derive de la denuncia penal ante la Fiscalía, misma que anunció que estarán interponiendo una vez concluya el proceso electoral para que no se pueda alegar fines o persecución de índole política.