Ministra Piña se encuentra ante una situación inédita en la Historia de México para impugnar una reforma, cuando tradicionalmente se hace una vez aprobada por el Poder Legislativo
La presidenta de la SCJN, Norma Piña abrió una consulta a ministros para determinar si puede ordenar que se suspenda el proceso de la Reforma Judicial aprobada ya en la Cámara de Diputados, invocando diversos artículos de la ley interna de la Corte.
Algunos medios utilizaron la red social X para precisar que la reunión se hizo con carácter de urgencia.
Las consultas ante el pleno de la Corte es determinar si tiene facultades para frenar la aprobación de la Reforma Judicial.
El asunto se desprende de una solicitud presentada a principios de semana por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial Federal (Jufed), que considera que la propuesta de ley -aprobada ya en la Cámara de Diputados-, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador es inconstitucional y viola el principio de independencia judicial.
La Jufed pidió a Piña detener el proceso legislativo como medida cautelar hasta que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de la iniciativa y que los ministros de la Corte “ejerzan todas las acciones necesarias para conservar la separación de poderes”.
Piña, sin embargo, no tiene claro si puede suspender el proceso legislativo de la reforma mientras se discute en el Congreso, un acto que no tiene precedentes en México.
La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invocó la Fracción II del Artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El artículo 14 de la mencionada ley precisa que son atribuciones del presidente de la Corte turnar expedientes entre sus integrantes para que formulen los correspondientes proyectos de resolución.
Para ello, se designó a la ministra Lenia Batres Guaderrama, misma que votó en contra de que se suspendieran las labores hasta el 9 de septiembre en la corte en apoyo al paro del personal del Poder Judicial de la Federación.
Normalmente, la Corte se pronuncia sobre la constitucionalidad de una norma después de que es aprobada, y no durante el proceso para su discusión y aprobación. La reforma ya fue aprobada en la Cámara de Diputados por la mayoría liderada por Morena, el partido gobernante, y está ahora en manos del Senado, que tiene previsto discutirla y previsiblemente aprobarla la próxima semana.
El proyecto de ley plantea la elección por voto popular de ministros, jueces y magistrados, la reducción de la Suprema Corte, eliminar las pensiones vitalicias, reducir sus tiempos en el cargo, así como la creación de un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina. Los diputados han enviado la minuta al Senado de la República, donde aguarda su discusión.
Los ministros en funciones que no resulten electos en 2025 no serán beneficiarios del haber por retiro, una pensión vitalicia que incluye aguinaldo, seguro de vida, prima vacacional y bono por riesgo. Además, la reforma plantea que ningún ministro, magistrado o juez podrá ganar un salario mayor al del presidente.
En lo que respecta a los jueces y magistrados, la reforma plantea un periodo de nueve años en el cargo, con la opción de presentarse a una reelección consecutiva.
Los requisitos para aspirar a estos cargos judiciales incluyen tener un título profesional en Derecho y un promedio de ocho a nueve en las materias afines, tener experiencia de al menos cinco años en la actividad jurídica, además de entregar ensayos y cinco cartas de referencia entre vecinos y colegas, que respalden su idoneidad para el cargo.
La presión creciente tanto de trabajadores del Poder Judicial de una veintena de Estados que mantienen un paro indefinido de labores en protesta y exigen un diálogo abierto, como de las principales asociaciones empresariales del país, que advierten de un descenso en la inversión en caso de su aprobación.
Con información de Milenio, Excelsior y El País