- Se reduce un 23.7% al autorizado en 2018
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El Pleno de la Suprema Corte (La Corte) aprobó ayer por mayoría el proyecto de presupuesto 2025, que será remitido al Ejecutivo Federal a más tardar el próximo 5 de noviembre, para que se integre al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025.
Para el próximo año, La Corte solicitará un presupuesto de 5,922.9 millones de pesos, que representa una disminución de 1.4%, en términos reales (considerando la inflación estimada por el Banco de México para el cierre de 2024), respecto de lo que la Cámara de Diputados le autorizó a este Alto Tribunal para el presente año.
En un ejercicio inédito de análisis y discusión en el pleno de este Alto Tribunal se aprobó el proyecto de presupuesto presentado por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández.
Este monto es 23.7% inferior, en términos reales, al que le fue autorizado a la Suprema Corte hace siete años (para el ejercicio fiscal 2018).
Es importante señalar que, para 2024, la Cámara de Diputados hizo el recorte más grande de, por lo menos, los últimos diez años a los recursos solicitados por la Suprema Corte, equivalente a 321.9 millones de pesos (5.3% de lo solicitado).
A pesar de ello, con una política de racionalidad, austeridad y contención del gasto, este Alto Tribunal ha podido ampliar los servicios que ofrece y atender su creciente demanda, mejorando la eficiencia del gasto. Así, en los últimos cinco años, la Suprema Corte ha ejercido, en promedio, casi 99% de los presupuestos que le ha autorizado la Cámara de Diputados.
Para 2025, a partir de un riguroso ejercicio de planeación, programación y presupuestación, se identificaron los recursos indispensables para atender los requerimientos humanos, materiales y financieros que le permitan cumplir con sus responsabilidades, apegados rigurosamente a los parámetros de racionalidad, austeridad, efectividad y contención del gasto que se han aplicado desde el ejercicio fiscal 2023.
El proyecto de presupuesto que se presenta se construyó con base en la configuración organizacional actual de la Suprema Corte y con las necesidades operativas respecto de esa configuración, considerando que estará sujeta, en su caso, a la legislación reglamentaria y secundaria, lo que eventualmente podrá implicar ajustes en el transcurso del próximo ejercicio fiscal.
Para el rubro de servicios personales se destinarán 8 de cada 10 pesos solicitados, pues es el capital humano el factor clave para contribuir en el cumplimiento del objetivo institucional que es la impartición de justicia y, por ello, del total de 3,805 plazas vigentes, dos terceras partes corresponden a personas servidoras públicas que se desempeñan directamente en labores jurisdiccionales y de apoyo a la función jurisdiccional.
Con los 4,813.2 millones de pesos solicitados para servicios personales –que equivalen a una disminución de 4.1%, en términos reales, respecto de lo autorizado para el presente año–, se cubrirán las remuneraciones y prestaciones previstas en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, para garantizar el respeto a los derechos laborales de las personas servidoras públicas de este Alto Tribunal –tal como lo dispone el artículo Décimo transitorio del Decreto de reforma al Poder Judicial.
Al mismo tiempo que se ajustaron a la baja las remuneraciones de ministras, ministros, así como de los servidores públicos de mando, para cumplir con lo dispuesto en el artículo Séptimo transitorio del mencionado Decreto.
