Jueces escucharon argumentos sobre la demanda de México contra productoras en EE.UU. y el tráfico de armas
WASHINGTON.- Si bien avanza la demanda del gobierno Mexicano en contra de los productores de armas de Estados Unidos y cómo la falta de medidas de seguridad han provocado que miles de armas vayan a parar a traficantes de drogas al sur de la frontera, la Suprema Corte escuchó hoy los argumentos en cómo los testaferros compran equipo de alto calibre y lo trafican a cárteles.
Los jueces del Máximo Tribunal cuestionaron la base de la petición del caso Smith & Wessoon Brands, INC., et al. versus Estados Unidos Mexicanos, para determinar si las productoras de armas pueden ser demandadas por el Gobierno mexicano por el tráfico de armas que empoderan a los cárteles y ha causado miles de muertes, además de complicar la lucha contra el narcotráfico.
La abogada que representa a México en este reclamo, Catherine E. Stetson, expuso que se estima que entre 342,000 y 597,000 armas son traficadas en México cada año, en respuesta al intento de la defensa de los productores, el abogado Noel Francisco, de minimizar el porcentaje de armas utilizadas presuntamente por el crimen organizado, estimado en un dos por ciento.
El abogado Francisco enfrentó cuestionamientos sobre cómo los cárteles utilizan testaferros para adquirir armas “legalmente” en EE.UU. y ser utilizadas para actos ilegales.
“Creo que su denuncia dice que la violación es vender a compradores testaferros, y creo que el riesgo de vender a un comprador testaferro –y ese es el riesgo conocido de esa violación– es que ese comprador testaferro está dando o vendiendo el arma a alguien que no puede poseerla, porque es probable que vaya a usar esa arma ilegalmente”, expuso la jueza Sonia Sotomayor.
Sin embargo, el abogado Francisco consideró que los productores no son responsables de esa posible violación, aunque la defensa de México defendió lo contrario.
“La denuncia de México alega que los peticionarios ayudaron e incitaron a violaciones de leyes federales específicas sobre armas y que esas violaciones causaron directamente el daño a México”, dijo la abogada Stetson. “La denuncia [de México] detalla que los peticionarios abastecieron deliberadamente el mercado ilegal mexicano al vender armas a través de un pequeño número de comerciantes que saben que venden una gran cantidad de armas utilizadas para delitos y que venden repetidamente al por mayor a los traficantes del cártel”.
Los jueces determinarán los méritos para que la demanda de México pueda continuar su curso en un tribunal de Distrito, en Massachusetts, como determinó un Tribunal de Apelaciones.
El juez presidente John G. Roberts, la jueza Sotomayor, el juez Clarence Thomas, la jueza Elena Kagan, el juez Samuel Alito, la jueza Amy Coney Barrett, el juez Neil M. Gorsuch, el juez Brett Kavanaugh y la jueza Ketanji Brown Jackson cuestionaron la venta de armas ilegal, pero también cuestionaron los posibles delitos cometidos en México con las armas, pero también sobre si las productoras están protegidas sobre este tipo de demandas.
El juez Alito incluso cuestionó si México tenía el derecho de demandar a las productoras de armas en EE.UU., debido a los daños reclamados, pero si entonces un estadounidense podría demandar al Gobierno mexicano por daños causados en EE.UU.
“¿El Gobierno de México puede demandar a los fabricantes estadounidenses por los daños causados en México, pero uno de los estados aquí no puede demandar al Gobierno de México por una causa justificada, por los daños causados en los Estados Unidos?”, cuestionó el juez.
La abogada Stetson refutó que la Corte Suprema ha establecido que un país soberano puede presentarse como demandante en EE.UU., al cual “se le trata exactamente como a cualquier otro demandante, ni más ni menos”.
¿Qué sigue en el caso de tráfico de armas?
Entre mayo y junio, los jueces del Máximo Tribunal podrían tomar una decisión sobre la petición de las productoras de armas y determinar si la demanda de México puede avanzar o no en un tribunal de Distrito. Algunos analistas consideran que esta demanda no va a prosperar, pues es del conocimiento público que los fabricantes de armas en Estados Unidos son los principales financiadores de ls campañas políticas tanto por demócratas como republicanos
Nick Wilson, director sénior sobre Prevención de la Violencia Armada del Center for American Progress (CAP), destacó el interés de los jueces del Máximo Tribunal en los detalles del caso.
“Creo que se dedicó mucho tiempo a profundizar en algunas cuestiones técnicas y legales […] si la industria de las armas todavía puede ser considerada responsable [del tráfico de armas], incluso si se violan varias leyes”, dijo.
Lamentó, sin embargo, que no se ahondara en el daño que provoca a México el tráfico de armas y su impacto, en general, en la seguridad también en EE.UU.
“Creo que lo más importante para mí fueron las preguntas que no se hicieron y los temas que no se discutieron, todos los daños que sufre México, así como la forma en que socava los intereses de Estados Unidos y la estabilidad de la región, esos temas no se discutieron realmente, ni tampoco cómo afectan a la seguridad pública, la seguridad nacional en ambos lados de la frontera”, señaló. “No fue realmente algo muy abstracto, se trató de cuestiones muy técnicas”.
Son dos las preguntas que los jueces deben responder: “Si la producción y venta de armas de fuego en los Estados Unidos es la ‘causa inmediata’ de los presuntos daños al Gobierno mexicano derivados de la violencia cometida por los cárteles de la droga en México”.
Además: “Si la producción y venta de armas de fuego en los Estados Unidos equivale a ‘ayudar e instigar’ al tráfico ilegal de armas de fuego, porque las empresas de armas de fuego supuestamente saben que algunos de sus productos se trafican ilegalmente”.
El caso de las productoras ha sido apoyado por congresistas republicanos, como el senador Ted Cruz (Texas).
Agencias