La Suprema Corte de EE.UU revoca el estatus legal temporal (TPS) ordenado por la administración Biden.
EL PASO.- Luego de que un juez federal había impedido que la administración pusiera fin de inmediato al estatus temporal otorgado por la administración Biden a inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, la Suprema Corte de los Estados otorgó vía libre a la actual administración de Donald Trump para suspender esa protección e iniciar de inmediato con las deportaciones.
El acuerdo fue otorgado este viernes para que la administración Trump clasifique como “sujetos a la deportación de unos 500 mil inmigrantes que fueron admitidos bajo la presidencia de Joe Biden y que provocó una crisis humanitaria a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
El máximo tribunal concedió una solicitud de emergencia presentada por la Secretaría de Seguridad Nacional Kristi Noem que pone fin al programa Biden que dio permiso a 532.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela para vivir y trabajar temporalmente en los Estados Unidos.
Un cable de la agencia NBC News dio a conocer la noche de este viernes que las personas directamente afectadas por la orden del viernes todavía pueden tener otras vías disponibles para permanecer en el país, como solicitar asilo, y sus abogados dicen que miles ya han intentado hacerlo, pero han sido arrestados y deportados cuando pisan las oficinas de Inmigración.
La breve orden, que no explicaba el razonamiento del tribunal, señaló que los jueces liberales Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor no estaban de acuerdo.
Jackson escribió que el tribunal no había tenido en cuenta «las devastadoras consecuencias de permitir que el gobierno cambiara precipitadamente las vidas y los medios de vida de casi medio millón de no ciudadanos mientras sus demandas legales están pendientes».
La administración estaba impugnando un fallo de Estados Unidos con sede en Massachusetts.
La jueza de distrito Indira Talwani, quien dijo que la administración no podía barrer el estado de cada persona sin una determinación individualizada. Esa decisión ahora está en espera mientras continúa el litigio.
«La Corte Suprema ha dado efectivamente luz verde sobre las órdenes de deportación de aproximadamente medio millón de personas, la mayor deslegalización de este tipo en la era moderna», dijo Karen Tumlin, abogada del Centro de Acción de Justicia que representa a los inmigrantes afectados.
«No puedo exagerar lo devastador que es esto: la Corte Suprema ha permitido que la Administración Trump desate un caos generalizado y una cacería masiva contra aquellos que ingresaron legalmente al país.
Se recordó que muchas empresas empezaron a despedir a inmigrantes bajo este estatus, entre ellos la multinacional Disney.
La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo en un comunicado que la decisión fue una «victoria para el pueblo estadounidense» que corrigió un error cometido por la administración Biden para permitir la entrada de «extranjeros mal investigados”.
Bajo las siglas de TPS, (Estatus de Protección Temporal), a partir de 2022, el entonces Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, concedió lo que se llama libertad condicional durante dos años a las personas de los países afectados, en parte para aliviar la oleada que llegó a la frontera entre Estados Unidos y México.
La política, conocida como los programas de libertad condicional de CHNV, permitía a las personas entrar al país y permanecer si pasaban un control de seguridad y tenían un patrocinador en los Estados Unidos que podía proporcionar alojamiento.
Se han aplicado programas similares de libertad condicional a personas de ciertos otros países, incluidos aquellos que huyen de la violencia en Ucrania y Afganistán.
El Fiscal General D. John Sauer dijo en documentos judiciales que Talwani no tenía autoridad para decidir sobre el tema, y a Noem se le dio autoridad para tomar su decisión bajo la Ley federal de Inmigración y Nacionalidad.
La disputa es una de las docenas de casos en los que la administración Trump se ha quejado de que los jueces de los tribunales inferiores bloquean sus políticas, incluso cuando su administración ha tratado de expandir agresivamente el poder de la presidencia sin la autorización del Congreso.
En un caso separado, la Corte Suprema permitió el 19 de mayo a la administración revocar el estatus de protección temporal para un grupo de casi 350.000 venezolanos.
