La Fiscalía de Chihuahua no ha logrado identificar la totalidad de cadáveres hallados en el crematorio de Ciudad Juárez. De los 389 solo han podido identificar 81, por lo que más de 300 familias siguen esperando para saber quiénes fueron las personas que murieron y cuyos cuerpos fueron almacenados en lugar de cremarse.
Esas familias ignoran que fueron objeto de fraude y los cuerpos de sus familiares profanados porque pareciera que la fiscalía apuesta al olvido en lugar de realizar las pruebas de ADN a las familias que ordenaron cremación que ayude a identificar los cuerpos.
Tampoco se ha dado a conocer si se ordenó una investigación a las demás funerarias con crematorio o si la misma fiscalía está enterrando el caso para apostar a que el tiempo vaya convirtiendo este caso en un mal recuerdo.
La gobernadora debería tomar este asunto en serio porque no es digno de su gobierno fallarle a tanta familia dejando en el olvido un delito por demás deleznable. Juárez exige justicia, castigo a los miserables que lucraron con los cuerpos de tanta gente y con la confianza de sus familiares. Además de una investigación en todo el estado dirigida a esos negocios para una exhaustiva revisión y, de ser necesario, modificar los protocolos.
Tal vez hay que preguntarle a la FGE cuáles son sus prioridades.
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