Los testigos protegidos en el caso de presunta tortura ejercida por el ex fiscal Francisco González Arredondo, expusieron que el exgobernador Javier Corral Jurado veía los violentos interrogatorios en vivo desde su despacho en Palacio de Gobierno.
Según las narrativas del Ministerio Público, la víctima identificada como JJBP1/2021, manifestó que en más de 30 ocasiones fue llamado a presentarse en la antigua casa de Gobierno en la Avenida Zarco, donde por más de 10 horas continuas fue interrogado por Francisco González, junto a los ministerios públicos Javier Flores, Claudia Chávez, Elisa Peña y Martha Payares sin que se le dejara ir al baño, salir a comer y sin proporcionarle agua o alimentos.
“Me dijeron que aceptara que yo llevaba dinero en cajas a varias direcciones, algo que no era cierto pero era la presión que les dije que si querían yo decía que sí (…) comencé a sentirme mareado, lloré sin poderme parar, no podía respirar me dio taquicardia ya cuando me vieron; en esa ocasión fue la primera ves que pensé en suicidarme”, se relató.
De acuerdo al testimonio, todo el tiempo que fue cuestionado no se le permitió ir al baño, comer algo o tomar agua y se le acusaba de participar en desvíos millonarios hechos desde la Secretaría de Educación, aunque él afirmaba que, aunque estaba adscrito al departamento de finanzas, su trabajo era realizar inventarios y nada relacionado con licitaciones o compras.
Los ministerios públicos le gritaron que dijera la verdad, que “los que se robaron todo el dinero” estaban libres mientras él iba a ser encarcelando y tanto a él como a su familia se les iba a “cargar todo el poder” del Estado si no colaboraban en la investigación.
JJBP1/2021 sostuvo que se difamó su persona por todas partes, se le apartaron personas importantes, incluso la novia que tenía en aquel momento lo dejo y se bloquearon las oportunidades de negocio para su empresas con el Gobierno del Estado, hasta la fecha.
Asimismo, destacó que al final de algunos interrogatorios se derrumbó y explotó en llanto, momento en que con tonos de burla, las figuras de autoridad le decían que podía irse a casa, sin embargo de camino lo seguían varias patrullas y la presión continuaba.
“Comencé a sentirme mareado, lloré sin poderme parar, no podía respirar, me dio taquicardia”.
Se detalló que este testigo supo tiempo después que el entonces Gobernador, Javier Corral Jurado, tenía cámaras en la casa de Gobierno que estaban conectadas hasta su despacho en el Palacio estatal, desde donde veía los hechos en vivo y desde ahí giraba las instrucciones para que el ex fiscal y los agentes investigadores los maltrataran y presionaran, según dijo, con únicos fines de venganza política.
Por otra parte la persona identificada como DEFJ5/2021, mencionó que fue colaborador de la administración 2016/2021 y testigo protegido en el proceso penal de los “expedientes X”.
Francisco González, Javier Flores, Claudia Chávez y el Licenciado Chairez Coss fueron quienes mencionó que lo coaccionaron de forma psicológica; le dijeron que “lo iba a cargar la fregada” si no declaraba ciertas cosas y firmaba unos documentos, que iban a destruir sus empresas si no cooperaba.
“Me decían: usted sabe, váyase de aquí, piense en su familia… que me iba a cargar la fregada”.
Le aseguraron que podían hacer algo por él y encerrarlo en el centro penitenciario de la 20 de noviembre porque si lo remitían al Cereso de Aquiles Serdán, quienes ya estaban encarcelados por el caso lo iban a matar porque sabían que él era culpable.
En esta ocasión, el testigo mencionó que uno de sus interrogatorios fue en la Fiscalía Zona Centro y quien lo mandó llamar fue Maclovio Murillo donde fue interrogado unas ocho horas.
Otra víctima denominada JOA3/2021, dio a conocer que agentes ministeriales acudieron hasta su casa para hacerlo “firmar” una declaración, pese a que era época de pandemia por el Covid-19 y a que les había dicho que estaba enfermo.
Al salir de su casa le pidieron que plasmara sus huellas en el cofre de una camioneta, la cual posteriormente fue extraída por peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes la utilizaron para ‘avalar’ con su pulgar ciertas declaraciones.
Señaló a la Fiscalía que fueron los entonces investigadores Javier Flores y Elisa Peña lo que se encargaron de buscar que las declaraciones de todos los involucraron encajaran y se firmaban los papeles sin siquiera poder saber lo que decían, aunque ellos comentaban que querían testimonios de personas que aseguraran, todas las licitaciones que se hicieron en el Gobierno de César Duarte Jáquez fueron ‘amañadas’, con contratos simulados y desvío de recursos.
Se expuso que en ninguno de los interrogatorios estuve presente u abogado y sus declaraciones siempre fueron manipuladas; “nunca existió una declaración con la verdad absoluta, entonces ellos me ponían lo estimado que debía haber pasado. Había una Ministerio Público que era la supervisora de todos, su apellido era Peña y me decía que giraría una orden de aprehensión en mi contra, que pensara en mis compañeros de trabajo que estaban en la cárcel y los años que iba a durar yo ahí”.
Es de comentar que en este ejercicio participaron como declarantes Yuridiana Ríos González agente del Ministerio Público; Arizeth Islas Castillo, psicóloga de la FGE; Yanis Aguirre Hernández, encargada de la Comisión Ejecutiva a Víctimas del Estado de Chihuahua; Samanta Enríquez Hernández del Departamento de Cibernética; Rafael López Parra, Director Administrativo de la FGE; Fabricio Antonio Payán, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Análisis Financiero; Comandante Carlos Javier Pineda, jefe de la Unidad de Inteligencia y Análisis de la Zona Centro; la psicóloga Jovana Morales y José Martín Mata Hernández, psicólogo forense.
También se mencionó a Jorge Enrique Parrilla Cordero; Adalberto Méndez López, abogado en Derechos Humanos; Adán Ernesto Flores Velazco abogado especialista en Derechos Humanos y César Contreras González, director de Acción Territorial de Vinculación Ciudadana y Políticas Públicas.
Mientras la Fiscalía detallaba esto, González Arredondo pidió que se le informara si el denunciante tenía la calidad de testigo, imputado o con criterio de oportunidad y especificarle de qué caso se trataba para él saber si era alguien directamente relacionado con el exgobernador César Duarte Jáquez, ello con el fin de acotar la estrategia de su defensa.
No obstante, el Ministerio Público refutó al comentar que, debido a que la audiencia aún no iniciará con la exposición de antecedentes, no era el momento para revelar dicha información, por lo que tendría que esperar a que se desarrollara el ejercicio para contar con esos datos.
Posteriormente la juez dictó un breve receso para que Francisco y sus abogados tuvieran acceso a los sobre sellados que tenían dentro las identidades protegidas.
En otra intervención de los abogados del acusado, se pidió revocar la orden de aprehensión en su contra, al considerar que la prisión preventiva que se le impuso desde el momento de su detención fue ilegal, toda vez que dicha medida cautelar no se prevé en las variantes del delito de tortura.
Los abogados comentaron que no se notificó previamente a Francisco sobre la existencia de la orden de aprehensión hasta el momento de su arresto para luego recluirlo en el Cereso No. 1 de Aquíles Serdán donde permaneció incomunicado a su familia y defensores, por lo que informó que también se solicitó un juicio de amparo.
Incluso comentaron que se realizó el llamado a una visitadora de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que constató que se le prohibió completamente la comunicación con sus defensores.
No obstante, la solicitud de revocación, de acuerdo al Ministerio Público debió ser de manera escrita y se realizó en medio de la audiencia de manera verbal, lo cual no procede.
Aunque se llevó a cabo un extenso debate sobre la legalidad de la orden de aprehensión en cuanto los estatutos que aparecen en los artículos 19 y 168 fracción segunda de la Constitución y el Código Penal del Estado, en los que la defensa abogaba un vicio que perjudicó a la libertad del acusado.
Finalmente, la juez Hortensia García descartó que se pudiera promover la revocación de la orden de aprehensión.
Cabe mencionar que dicha audiencia se llevó a cabo el pasado 22 de noviembre bajo la causa penal 3176/2022, mismo día en que se notificó sobre el fallecimiento de su padre Francisco González Vázquez, a causa de un infarto luego de permanecer en estado delicado de salud desde este lunes.
Trasciendió que el fallecido presenció junto a González Arredondo el operativo que se desarrolló por la Fiscalía General del Estado (FGE) para su detención. A partir de ese momento, presuntamente por la impresión, se desestabilizó su ritmo cardiaco.
Después del receso que se dictó para la ingesta de alimentos, a las 18:56 horas que se reanudó la audiencia, la Juez le comentó que aunque es muy lamentable la situación presentada en su vida personal, las personas presentes en la audiencia, así como él mismo sabían que no se podía diferir el ejercicio, pues “desgraciadamente tenemos que continuar”.
Tras ello, González pidió espacio para hacer una manifestación en la que primeramente agradeció la muestras de afecto y el tiempo que se le dio en medio del receso, pues al parecer hasta la tarde del lunes el acusado desconocía sobre la muerte de su padre.
Sentenció que la muerte de su padre fue consecuencia directa, inmediata del operativo que se desarrolló para detenerlo, pues narró que su papá estaba con él al momento de su detención; puso que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), descendieron de las unidades con armas y lo obligaron a abandonar su vehículo junto a su padre, quien quedó sólo en crisis, esto en la Ciudad de Delicias.
Por lo anterior dijo, ahora teme por la integridad de él y su familia, por lo que pidió dar aviso a los organismos de protección y defensa de los derechos humanos por el miedo que tiene, que algo más vaya a pasarle a su esposa, hijas, hermanos y más integrantes de su familia.
“Es consecuencia lógica y natural de una acusación injusta”, expresó.
Comentó que también supo que los medios de comunicación locales habían difundido dicha información, a lo que dijo se trató de una exhibición de sus asuntos personales, por lo que la Juez exhortó a los medios abstenerse y respetar la privacidad del acusado en este caso.
Durante la continuación de la audiencia el 23 de noviembre
el abogado Roberto López Macías, su cliente se encuentra bajo campañas de desprestigio político y mediático en las que se ha violentado su presunción de inocencia, razón por la que pidió a la Juez Hortencia García que solicitara la baja de las notas periodísticas.
En respuesta la Juez comentó que no es de su facultad realizar dicha petición y recordó al abogado que dentro de los principios de sistema penal está la máxima publicidad, con lo que los medios de comunicación son libres de presenciar e informar sobre el caso.
No obstante, la juez reiteró el exhorto a los representantes de los medios de comunicación que no se exhiban datos sensibles que puedan afectar a los involucrados en este ejercicio.