La audiencia de vinculación a proceso por presuntos actos de tortura contra Francisco González Arredondo inició este sábado 26 de noviembre, en la que se dio a conocer que el abogado Íker Xavier Ibarreche se integraba a la defensa, quien de inmediato pidió al Ministerio Público los documentos de las declaraciones de los testigos protegidos del caso para articular una buena estrategia.
Por lo anterior la Juez Hortensia García orientó que se hicieran las peticiones correspondientes a la Secretaría de la Función Pública a través de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se resolviera el requisito de la defensa.
Acto seguido, Ibarreche argumentó que la audiencia de imputación había sobrepasado el tiempo legal para la acción legal, es decir, más de 72 horas, por lo que se pidió un receso a fin de que se enriqueciera de información solicitada.
Luego de cumplirse dicha pausa, el abogado alegó que era necesario desistirse de los datos proporcionados por los testigos protegidos identificados como JJBP1-2021, DEFJ5-2021, JOA3-2021, DCVJ-2021, WPOA5-2021 y MAMA6-2021, debido a que el Ministerio Público no cumplió con la entrega de datos tomados como criterios de oportunidad como sus movimientos internos financieros toda vez que la FGE comentó no contar con dichos archivos.
A raíz de ello, la Juez constató que se haya hecho la solicitud de los datos a la Unidad de Análisis Financiero, con la advertencia de que por ser fin de semana, procedería hasta este lunes 28 de noviembre.
Para este momento, la audiencia continuó con la presencia de dos agentes de ministerio público involucrados en las investigaciones; Nayeli Ramírez Sepúlveda y Javier Flores Romero, como testigos de la defensa.
Según las narrativas, Flores Romero fue señalado por los testigos reservados como otra de las figuras que les ejercían presión física y psicológica, razón por la que se pidió un abogado de oficio para él. Quien se presentó para este fin fue el Licenciado Jesús Samuel Jáquez.
Tras un receso, los abogados de Francisco cuestionaron a Flores Romero quien en las fechas de acusación se desempeñaba como agente de la Unidad de Análisis Financiero, sobre los términos en que se daban las investigaciones de la ‘operación justicia para Chihuahua’. Javier expuso que para integrar las carpetas se trabajaba bajo las órdenes del ex fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, y que fue éste último quien designó a González Arredondo en 2016 como coordinador de los “expedientes X”.
“Mi función era de analizar la teoría del caso, verificar fundamentos jurídicos, determinar las actuaciones y lineamientos de acción crítica generales y particulares”, declaró Javier Flores, y agregó que en algunos casos convocaba a los testigos y “los orientaba psicológicamente”, con un trato completamente profesional, como lo fue en específico con Alejandro Gutiérrez Gutiérrez “La Coneja”.
Describió que tiempo después César Peniche instruyó que todos los integrantes de la comisión de los expedientes X estaban a su servicio y como consecuente jerárquico Edith González y Francisco Gonzalez Arredondo.
Javier Flores sostuvo que fue hasta 2017 que lo nombraron como coordinador el área financiera del caso, misma que hasta el 2021 fue denominada como Unidad de Análisis Financiero. Admitió además que con el tiempo, él y Francisco Gonzáles resultaron buenos amigos.
Poco antes de que se terminara la jornada para declarar un receso reanudar hasta este domingo, el litigante Ibarreche solicitó la no vinculación a proceso, pues según se habían registrado en este ejercicio varias violaciones a la Ley como lo es la lectura de todos los testimonios, aspecto que abarcó más de 12 horas.
Enfatizó que haber leído todos los datos de prueba extinguió el tiempo de la defensa, lo que los dejó en desventaja y afirmó que el delito de tortura se trata de una competencia federal y no de Estado como se hace para su cliente.
Precisó que las autoridades que imputaron a Francisco no son parte de alguna Fiscalía especializada en violación a los derechos humanos o a la investigación de delitos de tortura, con lo que aseguró, la representación social no tiene competencia para sancionar los presuntos actos de tortura que se le acusan.
Este domingo 27 de noviembre, tras el caudal probatorio expuesto y la argumentación jurídica realizada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, fue vinculado a proceso penal el ex funcionario, Francisco G. A., probable responsable del delito de tortura.
Durante la audiencia, la Agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba suficientes en los que se pudo establecer la presunta participación del imputado en ejercer tratos crueles, inhumanos y degradantes y con ello la tortura en perjuicio de una víctima de identidad reservada.
La representación social narró de manera firme, sólida y fehaciente que, durante el periodo comprendido entre febrero de 2017 a noviembre de 2018, en un domicilio ubicado en la ciudad de Chihuahua, en ejercicio de sus funciones como agente del Ministerio Público, Francisco G. A. torturó psicológicamente a una persona.
La autoridad ministerial acusadora argumentó la presunta participación de las conductas antisociales, sustentándolo con la presentación de testigos, documentos, estudios, análisis que respaldan el modo, tiempo y lugar, aunado a la aplicación del Protocolo de Estambul, en el que colaboró el Centro Iberoamericano de Formación en Derecho Internacional y Derechos Humanos CIFODIDH A. C. y en el cual se encontraron indicios fehacientes de tortura.
Francisco G. A. fue capturado el pasado lunes 21 de noviembre en la ciudad de Delicias a través de una orden de aprehensión, cumplimentada por oficiales de la Agencia Estatal de Investigación, de acuerdo con la causa penal 3176/22.
Al término de la audiencia, la Jueza de Control resolvió dictar el auto de vinculación a proceso, fijó tres meses para el cierre de la indagatoria complementaria y mantuvo firme la medida cautelar de prisión preventiva.
Cabe hacer mención que la investigación fue iniciada por la Fiscalía General del Estado, en atención y seguimiento a una denuncia recibida en diciembre de 2021, en la que la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió sobre posibles hechos relacionados con tortura.