- Jurado Brooklyn declaró al ex alto funcionario de seguridad mexicano culpable de recibir millones de dólares del Cártel de Sinaloa cuando dirigía la sangrienta guerra contra el crimen organizado en México.
- Podría enfrentar una condena de 10 años a cadena perpetua.
Genaro García Luna, quien fuera arquitecto y rostro público de la sangrienta guerra de México contra los poderosos grupos criminales, fue declarado culpable en un tribunal de Nueva York de traicionar a su país y a sus colegas al aceptar millones de dólares en sobornos de los violentos cárteles de la droga que debía perseguir.
Miles de personas, incluyendo policías, fueron asesinados durante este sangriento enfrentamiento.
El veredicto de culpabilidad, emitido tras varios días de deliberaciones en el Tribunal Federal de Distrito de Brooklyn, representó una sorprendente derrota para García Luna, un exagente de las fuerzas del orden de mandíbula prominente que estaba tan involucrado en el sistema de seguridad de su país que a menudo se le describía como “el J. Edgar Hoover de México”, de acuerdo a la nota del diario The New York Times.
El jurado tomó su decisión tras escuchar el testimonio de media decena de narcotraficantes experimentados, y determinó que García Luna había llevado una doble vida y había estado secretamente en la nómina del mayor grupo delictivo de México, el Cártel de Sinaloa, casi todo el tiempo que dirigió el equivalente al FBI en el país y después fue su secretario de Seguridad Pública, un poderoso cargo a nivel de gabinete.
Los mexicanos llevan mucho tiempo sospechando que funcionarios de los más altos niveles del poder, presuntamente hasta el presidente mexicano de esa época, Felipe Calderón Hinojosa, han estado aliados con los mismos mafiosos que durante décadas han infligido dolor y sufrimiento a su país.
Y es difícil exagerar el espectáculo catártico que representa que un hombre como García Luna sea declarado culpable de participar en lo que se conoce como empresa criminal en curso, un cargo por el que ahora se enfrenta a un mínimo de 10 años de prisión y a una pena máxima de cadena perpetua.
En Estados Unidos, la condena fue celebrada como una victoria notable por los fiscales federales que presentaron los cargos contra García Luna a finales de 2019, después de años de susurros, rumores e investigaciones abortadas sobre sus vínculos con los traficantes.
Tradicionalmente, los casos antinarcóticos estadounidenses se han presentado contra capos de cárteles como Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante conocido como el Chapo, quien fue condenado en el mismo tribunal de Brooklyn en 2019 por dirigir un vasto imperio criminal.
Pero el veredicto de culpabilidad contra García Luna asestó un golpe contra la corrupción sistémica en México que durante mucho tiempo ha instigado tanto el derramamiento de sangre implacable del narcotráfico, como el flujo de drogas ilegales a través de la frontera.
Desde el principio, la acusación del gobierno contra García Luna no era tan sólida, ya que carecía de la gran cantidad de mensajes de texto interceptados y conversaciones grabadas que utilizó para garantizar la condena de Guzmán Loera.
Los fiscales basaron su caso contra García Luna casi por completo en el testimonio de operadores del cártel que hablaron al jurado tanto de sus propios delitos como de la forma en la que el acusado había aceptado sobornos del Cártel de Sinaloa durante mucho tiempo.
El primer testigo del gobierno fue Sergio Villarreal Barragán, un corpulento exagente de policía conocido como el Grande, quien el mes pasado declaró ante el jurado que, a principios de la década de 2000, García Luna se presentó en un almacén del estado de Chiapas, en el sur de México, para reclamar su parte de un negocio de drogas: más de 14 millones de dólares en efectivo.
El último testigo llamado por los fiscales fue Jesús Zambada García, hermano de Ismael Zambada García, socio de Guzmán desde hace muchos años. Replicando lo que dijo durante el juicio de Guzmán, Zambada testificó que él personalmente metió millones de dólares en dos maletas deportivas que le fueron entregadas a García Luna en el restaurante Champs Elysées de Ciudad de México, poco después de que este se convirtiera en secretario de Seguridad Pública del país.
A pesar de que la evidencia de sobornos era crucial en el caso de la fiscalía, las notas del veredicto del jurado no mencionaron palabras como “soborno” o “corrupción”. Técnicamente, el jurado condenó a García Luna de acusaciones de conspiración para el narcotráfico y de participar en lo que se conoce como una empresa criminal en curso.
A pesar de todos los detalles que el juicio reveló sobre el narcotráfico mexicano —asesinatos sangrientos, descripciones de enormes cargamentos de droga y una referencia a un gato blanco llamado Perico, en referencia a la cocaína—, hubo un tema que rara vez salió a relucir: lo que sabían los funcionarios estadounidenses sobre los vínculos de García Luna con el cártel en una época en la que él trabajaba estrechamente con las fuerzas de seguridad estadounidenses en México y se reunía con personalidades políticas como el ex fiscal general Eric Holder y Hillary Clinton, quien fue secretaria de Estado.
García Luna continuó sus relaciones con algunos oficiales de inteligencia y de las fuerzas del orden estadounidenses que conoció en el cargo después de salir de México en 2012 y trasladarse a Miami, donde abrió una empresa de seguridad privada especializada en asuntos mexicanos. En una declaración ante el juez Brian M. Cogan, sin el jurado presente, un fiscal dijo el jueves que el negocio de consultoría de seguridad de García Luna era “altamente dependiente de su continua relación con funcionarios corruptos en México”.
El juicio planteó algunas preguntas tentadoras —pero no concluyentes— sobre otros altos funcionarios de México, entre ellos el expresidente Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente.
Edgar Veytia, ex fiscal general del estado de Nayarit, en la costa del Pacífico mexicano, declaró el 7 de febrero que el gobernador de Nayarit le había contado en una ocasión que asistió a una reunión con Calderón y García Luna en la que ambos le dieron instrucciones para que ayudara al Chapo en una batalla interna contra rivales de su cártel. Calderón publicó inmediatamente un mensaje enfático en Twitter en el que negaba las “absurdas declaraciones” de Veytia.
Una semana después, el abogado de García Luna preguntó a Zambada si alguna vez había pagado un soborno de siete millones de dólares a un asesor cercano de López Obrador durante una campaña presidencial; una acusación que Zambada negó, contradiciendo su propio testimonio en el juicio de Guzmán. Pero la negación podría haberse basado en una pregunta confusa resultante de un pequeño error en las notas de las entrevistas de Zambada con los fiscales estadounidenses.
Aunque los fiscales condenaron con éxito a García Luna, es poco probable que la victoria conduzca a casos de corrupción contra otros altos funcionarios mexicanos. La reticencia del gobierno estadounidense a llevar estos asuntos a juicio se debe en gran medida a las secuelas del fracaso de otro caso de corrupción en Brooklyn contra Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa mexicano.
A finales de 2020, Cienfuegos fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles por una imputación confidencial en la que se lo acusaba de haber aceptado sobornos de una violenta organización de narcotraficantes llamada el Cártel H-2. Pero tras una intensa presión por parte de México, el caso fue desestimado y Cienfuegos fue enviado de vuelta a su país natal, donde retomó su vida normal.
