Mediante un artículo único publicado en el Diario Oficial de la Federación la tarde del jueves 18 de mayo, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estableció que “son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo”.
De esta forma, el presidente López Obrador blindó los cinco grandes proyectos de su sexenio que aún están en construcción, un año y medio antes de terminar su mandato. Estas obras han sufrido distintos grados de retrasos debido a los amparos que fueron interpuestos para frenar su realización, en su mayoría por activistas ecologistas.
El anterior decreto, que había entrado en vigencia en noviembre del 2021, era considerablemente más amplio, y su blindaje aplicaba a todos los proyectos del sector “aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiental, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos y aeropuertos”, así como también las obras que el Gobierno considerara estratégicas para el desarrollo y la seguridad nacional del país.
Sin embargo, fue revocado este 18 de mayo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Entre los argumentos esgrimidos por los ministros del máximo tribunal, que tumbaron el decreto en una votación de ocho a tres, figuró que la normativa, que limitaba el proceso para obtener los permisos para comenzar las obras a un periodo de cinco días hábiles, era demasiado general.
“Es inconstitucional este acuerdo porque su amplitud y su ambigüedad obstaculizan e inhiben el acceso a la información de toda la ciudadanía respecto de las obras del Gobierno de México”, opinó este mediodía el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Y agregó: “El acuerdo es en tal grado impreciso respecto a las implicaciones del derecho de acceso a la información pública y transparencia, que da un margen demasiado amplio a las autoridades para reservar la información, además de que en la declaratoria no se hace respecto de una lista taxativa del proyectos u obras”.
Por su parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que había impulsado la inconformidad que llegó a la Suprema Corte, reaccionó inmediatamente a la noticia del nuevo decreto presidencial y afirmó que ya está estudiando el asunto.
“Analiza INAI mecanismos legales para defender transparencia y derecho de acceso a la información sobre obras y proyectos de infraestructura del Gobierno Federal, ante nuevo Decreto del Ejecutivo”, señala el tuit del organismo.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Foto. Cortesía