En México, y en Chihuahua, la procuración de justicia es un instrumento de venganza. Y eso en el ambiente de la política.
Además, fuera de la política, es un instrumento de abuso contra la sociedad para tapar las deficiencias, ineptitudes y la carencia de personal suficiente en el Ministerio Público. En Chihuahua hay poco más de nueve mil presos, de ellos, 3600 están encerrados para facilitar al ministerio público (MP) su trabajo.
El juez ordena la investigación y el MP pide prisión preventiva para hacer esa investigación. El problema es que muchos de los indiciados tienen derecho a libertad bajo fianza y se les niega con cualquier pretexto. Lo anterior viola la presunción de inocencia.
Luego el MP se olvida del detenido y viene el segundo abuso de autoridad con un crimen de lesa humanidad; la ley señala que nadie puede estar en cárcel más de dos años sin recibir sentencia y por lo cual, ese plazo se deben cambiar las medidas cautelares iniciales.
El tema es que a la autoridad máxima del estado parece que no le importa, puesto que las personas siguen presas por la desidia, el exceso de trabajo por la escasez de personal, mal pagado y peor preparado que constituye un cóctel de corrupción e impunidad que tiene a la gente presa y a todos los funcionarios y MPs dedicados a juntar dinero en las cárceles o persiguiendo a sus familiares. Esa es la procuración de justicia que tenemos en Chihuahua.
Mañana les comentaré sobre la impartición de la justicia que está peor que la procuración. Con disculpas a quien se sienta ofendido por explicar lo obvio les digo: la procuración corresponde a la gobernadora y la impartición al Poder Judicial. Quieren tener un buen gobierno, pero se abusa del poder y de la sociedad.
No se entiende; perdón, pero no se entiende.