Privar de la libertad a un individuo que de entrada y por derecho se presume inocente sin ser capturado en flagrancia, o negarle libertad bajo fianza cuando tiene ese derecho, viola el Derecho Constitucional y los tratados internacionales de Derechos Humanos, que delinean el principio de presunción de inocencia, el de proporcionalidad y, sobre todo, la relación que se debe establecer entre éstos.
En México y en Chihuahua, se obvian los requisitos que exigen imponer prisión preventiva a una persona y los encierran bajo pretextos o argumento de que pueden huir durante la investigación. La verdad es que los encarcelan para asustar, extorsionar, y darle fluidez al enorme negocio que significa una cárcel en el ejercicio de la procuración de justicia.
El Ministerio Público es el principal instrumento del negocio. Ahora sabemos que desde que alguien es detenido inicia el bisne o recaudación.
En la cárcel todo se vende, todo se cobra, y todo fluye si hay dinero. La prisión de San Guillermo produce 3 o 4 millones de pesos por semana; el 03 de Ciudad Juárez bastante más.
Ahora, cuando se trata de cobrar venganzas, o presionar a alguien para que acepte algo que no es correcto, pero que beneficia o perjudica a otro, no hay límites.
Y por dinero o por venganza aplican a su modo la procuración de justicia y en el colmo, con abuso de autoridad, logran someter a jueces prostituyendo la “impartición de justicia” para que sirvan de comparsa y culpar a los inocentes, aunque se inventen pruebas o argumentos para condenarlos.
No son impunes, pero para cuando llega el amparo que los libera, y siempre pasa, ya hicieron el negocio. Todos felices, no hay consecuencias para el juez que condenó sin pruebas, y menos para el Ministerio Público que lo inició todo a petición de alguien o por sí mismo.
En Chihuahua hay 3600 presos que tienen vulnerados sus derechos desde el principio o al paso del tiempo. Pero como producen dinero no hay apuro. Los tratados internacionales, la Constitución y las leyes no les importan; es negocio, y es instrumento político.
Las promesas sociales y las causas comprometidas en campaña no tienen nada que ver con ese negocio ni con los compromisos políticos que garantizan el poder.
La sociedad debería preguntar ¿Por qué México ignora las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sentencias que le ordenan suspender esa aberrante costumbre de encerrar sin importar el respeto a las leyes.
Pero también hay que preguntar: ¿Quién llora a las víctimas? ¿Quién da alivio a la desesperación de tener un ser querido en prisión?, o cuando pierden el trabajo de su vida.
Y mientras tanto el Estado a través de los instrumentos de la sociedad ¿satisface bajos instintos de quien hace mal uso del poder? Y por otra parte, sin rubor, ni sonrojo deja caminar libres y hasta presumen de los abrazos a los miembros de las bandas de delincuentes que trabajan impunemente con nulas consecuencias.