Desde la asociación Alianza por la Defensa del Estado Laico (ADELA) enviaron un oficio a la gobernadora Maru Campos Galván denunciando que su prohibición de distribuir los nuevos libros de texto en Chihuahua “supone un amplio conjunto de infracciones” a la Constitución, la Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Advierten que, además, su postura permite la intromisión en la educación de intereses empresariales, pues la oposición a los nuevos LTG obedece a una campaña de terrorismo mediático encabezada por una televisora.
A continuación el documento completo:
“Mtra. María Eugenia Campos Galván
Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua,
P r e s e n t e.-
En nuestro deseo llamar su atención sobre el hecho de que la decisión de la Gobernadora del Estado de suspender la distribución de Libros de Texto Gratuitos (LTG) supone un amplio conjunto de infracciones a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley General de Educación (LGE), y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA).
De acuerdo al Artículo 114° de la Ley General de Educación, es obligación de los gobiernos estatales “Garantizar la distribución oportuna, completa, amplia y eficiente, de los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la Secretaría les proporcione.”
El boicot a la distribución de los LTG se da en el contexto de una campaña de terrorismo mediático encabezada por una televisora que pertenece a uno de los empresarios más ricos del país, que ha hecho buena parte de su fortuna vendiendo a las familias trabajadoras créditos al consumo con las tasas de interés más altas del mercado, y en contubernio con la Unión Nacional de Padres de Familia, que como sabemos está relacionada con grupos que promueven la ideología religiosa y cuentan con el apoyo de integrantes del Episcopado Mexicano. Entendemos que por el espacio que ostenta no son cuestiones que personalmente ignore.
Desde esta perspectiva, se debe considerar que la Gobernadora del Estado está permitiendo la intromisión de intereses empresariales y religiosos en la educación pública del Estado de Chihuahua, lo que constituye una infracción flagrante del Artículo 3° constitucional que garantiza la laicidad de la educación, así como al Artículo 16° de la Ley General de Educación que en su párrafo IV mandata que la educación pública “promueva el respeto al interés general de la sociedad, por encima de intereses particulares o de grupo.” aun en un claro contrasentido a su propia función como secretaria de educación.
En este mismo sentido, debemos recordar que el Artículo 130°, párrafo VI de la LGE prescribe que “Las asociaciones de madres y padres de familia, se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos.”
Para el particular, nos parece particularmente preocupante la afirmación de que los LTG promueven una ideología. El debate social sobre este tema debe posicionarse en una perspectiva científica que nos permita analizar con objetividad la pertinencia de dichas imputaciones.
1.El concepto de ideología ha sido definido de formas muy distintas por diversas corrientes de las ciencias sociales. Desde luego entendemos que quienes hacen esta crítica se refieren a una noción intuitiva de ideología donde se le equipara con un posicionamiento político determinado. En este sentido, la sociología viene señalando desde los años 70’s que todos los actores de un sistema educativo tienen un posicionamiento político, por lo que no puede existir educación sin ideología. Por lo tanto, quien protesta por los supuestos contenidos ideológicos en los LTG, en realidad está protestando porque esos contenidos no corresponden con su ideología. En otras palabras, Televisión Azteca, la UNPF, y la gobernadora, están pugnando por imponer su propia ideología a toda la niñez chihuahuense.
2.Por supuesto consideramos necesario prevenir cualquier tipo de adoctrinamiento dentro de las aulas, incluído el adoctrinamiento religioso disfrazado de valores morales conservadores, o el adoctrinamiento en la cultura de la desigualdad.
Y es precisamente por eso que el Artículo 16° de la citada LGE prescribe que la educación pública “se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, debiendo implementar políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos criterios en los tres órdenes de gobierno.”
Las ciencias cognitivas vienen señalando desde hace décadas que la medida más efectiva para prevenir formas fanáticas de pensamiento es, precisamente, el pensamiento crítico, el cual se define como un tipo de análisis de la realidad que confronta las ideas preconcebidas con las evidencias concretas de la realidad, poniendo en crisis (de ahí el calificativo de crítico) sus contradicciones.
1.La inclusión del pensamiento crítico en los proyectos educativos nacionales no es una novedad introducida por la presente administración. Este paradigma se incorporó desde modelos educativos anteriores. La diferencia es que en esta ocasión, la Nueva Escuela Mexicana enseña a los educandos a utilizar categorías de análisis provenientes de las ciencias sociales contemporáneas con el fin de que puedan utilizarlas para comprender mejor las relaciones sociales en las que ellos, sus familias y sus comunidades están implicados, lo que amplía su capacidad para transformar sus realidades. Esta incorporación resulta particularmente destacable porque por primera vez se reconoce que las y los estudiantes de educación básica tienen capacidad para realizar análisis científicos sociales, (con una profundidad acorde a su grado de desarrollo, sin duda), y no sólo “miniexperimentos” controlados cuyos resultados por lo general se conocen de antemano (cosa que no ocurre en la ciencia de verdad)
2.No sólo los estudiantes de sectores privilegiados que asisten a escuelas privadas tienen derecho a usar la ciencia en su vida diaria. Los niños y las niñas de los sectores mayoritarios de este país también pueden y tienen derecho a disponer de herramientas científicas que mejoren sus vidas.
Respecto a las críticas que se han hecho a los LTG con relación a que estarían promoviendo una “ideología de género”, observamos que estas personas nunca se han atrevido a decir explícitamente qué ideas o imágenes de los libros serían parte de esa supuesta ideología. Es el miedo de patriarcas por perder el privilegio del poder en la casa, en el espacio público y en todos los ámbitos de la vida social.
Estas personas parecen no estar alarmadas por el hecho de que en México cada año se denuncian medio millón de casos de abusos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, la mayoría de ellos ocurridos en el entorno familiar. Dado que este tipo de delitos constituyen un tabú cultural, los sociólogos estiman que las denuncias representan un 10% de la cifra real. Esto significa que podemos estimar, sin temor a equivocarnos, que en México, cada año 5.4 millones de niñas, niños o adolescentes son víctimas de abuso sexual (OCDE).
Esta alarmante situación muestra que la educación sexual que la niñez mexicana está recibiendo en sus familias no es suficiente para que pueda comunicar a las personas adultas de su confianza cuándo se sienten sexualmente acosados o han sido víctimas de algún tipo de abuso.
La exigencia por parte de los grupos conservadores de que en la escuela no se hable abiertamente sobre el cuerpo, la sexualidad, y las relaciones de poder que contaminan los vínculos familiares y de pareja, no hace sino propiciar una cultura sexofóbica que al silenciar todo lo relativo a la sexualidad, silencia también la interpelación a los delincuentes sexuales y las necesidades de las víctimas,niños, niñas y adolescentes para con quienes toda la comunidad tiene una responsabilidad ética.
La obstaculización de contenidos educativos relativos al cuerpo, la sexualidad y la multiplicidad de formas en las que las personas experimentan estas dimensiones de la vida constituye una violación a los derechos que niñas niños y adolescentes tienen a la igualdad sustantiva, la no discriminación, a una vida libre de violencia, a la integridad personal, a la protección de la salud, a la libertad de pensamiento, y al acceso a la información, derechos consagrados en el Artículo 13 de La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
En este sentido, la afirmación de la gobernadora de que su decisión responde al principio jurídico del interés superior del niño resulta insostenible, por no decir falsa.
Ante el anuncio de la gobernadora de que el gobierno estatal proveerá libros o materiales alternativos para el inicio del ciclo escolar, debe recordarse que de acuerdo al Artículo 22° de la Ley General de Educación, los libros de texto que se utilicen para la educación pública “serán los autorizados por la SEP en los términos de esta Ley [LGE], por lo que queda prohibida cualquier distribución, promoción, difusión o utilización de los que no cumplan con este requisito. Las autoridades escolares, madres y padres de familia o tutores harán del conocimiento de las autoridades educativas correspondientes cualquier situación contraria a este precepto.”
El Artículo 23° de la misma LGE prevé que las autoridades educativas de los gobiernos de las entidades federativas y municipios puedan “solicitar a la SEP actualizaciones y modificaciones de los planes y programas de estudio, para atender el carácter regional, local, contextual y situacional del proceso de enseñanza aprendizaje.” La gobernadora tendría que haber recurrido a este mecanismo previsto en la ley y hacerlo con el tiempo necesario para no boicotear el regreso a clases. Aún puede hacerlo, si decide actuar por la vía de la legalidad. De lo contrario, podríamos pensar que los intereses que la movilizan a participar en este boicot podrían estar relacionados más con la campaña presidencial del 2024 que con cualquier otra cosa.
Es por ello, que desde al amplio espectro de protección que mandata su posición, le solicitamos reconsidere su postura que se suma a la confrontación de la gobernadora contra los derechos de NNA’s al impedir que reciban educación de calidad y que, a través del miedo, pretende manipular a la opinión pública insertando pánicos morales sin sustento y que por desgracia, denosta la labor del magisterio comprometido con la presente causa y poseen conciencia del apremio que representa la entrega de los LTG de forma oportuna para el adecuado inicio de clases.
Atentamente
Por la Alianza por la Defensa del Estado Laico
ADELA
Mariela Castro Flores Martha Rocío Martínez Carrera
Lenia Mireles Chávez Romelia Hinojosa Luján
c.c.p. Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro,
Secretaria de Educación y Deporte”