Pide a los 11 ministros ordenar la inmediata distribución de los libros.
La Presidencia de la República, a través de su Consejería Jurídica, impugnó la resolución del ministro de la Corte, Luis María Aguilar, que ordena no distribuir los libros de texto de nivel básico en el estado de Chihuahua.
Al considerar que viola los artículos primero, tercero y cuarto de la Constitución, la consejería solicitó a los 11 ministros que integran el pleno de la Suprema Corte ordenar la inmediata distribución de los libros para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes de dicha entidad, según precisan algunos medios macionales, entre ellos Milenio.
“El día de hoy, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) impugnó la resolución del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, quien ordenó dejar sin libros de texto, por tiempo indefinido, a los estudiantes de nivel básico en todo el estado de Chihuahua, lo cual viola los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 3° y 4° de la Constitución”, informó.
Según la consejería, la solicitud de la gobernadora de Chihuahua es improcedente y, por tanto, el ministro Aguilar Morales debió negar la medida cautelar solicitada de no distribuir los libros.
En tanto, la sociedad chihuahuense se dividió en torno a las medidas del gobierno de María Eugenia Campos, particularmente los maestros, quienes pidieron no politizar en un tema eminentemente educativo e instaron a la mandataria a estatal a que distribuya los libros de texto del nivel básico.
Señalaron que la misma Constitución de la entidad marca en su artículo 18 que es responsabilidad de la autoridad estatal realizar una distribución oportuna, completa, amplia y eficiente de los libros de texto y más cuando ya tienen los materiales en su posesión.
“Por la grave violación de los derechos fundamentales de los estudiantes de educación básica en el estado de Chihuahua, la CJEF solicitó que los 11 ministros que integran el pleno de la SCJN asuman la responsabilidad de ordenar la inmediata distribución de los libros de texto para garantizar el derecho a la educación de los infantes en la entidad”, destacó.
Frente a esta situación, la consejería insistió en que es lamentable que un ministro actúe “flagrantemente” en contra de los derechos fundamentales que consagra la constitución al aceptar la solicitud de la gobernadora, pues la sentencia final podría retrasar hasta dos años la distribución de los libros.
Finalmente consideró que los padres de familia también deben defender el derecho a la educación de sus hijos.
“En este sentido, también es responsabilidad de padres, madres de familia y tutores afectados por esta lamentable situación defender el derecho a la educación de sus hijas, hijos o pupilos, ante las autoridades competentes para que se entreguen oportunamente los libros de texto gratuitos, necesarios para el desarrollo educativo de la infancia del estado de Chihuahua”, remarcó.
