Después de que el miércoles un juez de control del Distrito Morelos formulara la que es la segunda vinculación a proceso contra José Antonio Pinedo, excoordinador de Comunicación Social durante la primera etapa del quinquenio de Javier Corral, el titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, afirmó que en este segundo caso, de presunto peculado agravado por el desvío de 200 mil pesos, habría otros exfuncionarios implicados. Si bien no dio a conocer nombres, se intuye que próximamente serían citados y llevados ante un juez.
El titular de la FACH destacó que la de este miércoles fue la segunda vinculación a proceso contra Pinedo, en esta ocasión por un presunto delito de peculado agravado. Destacó que durante las dos audiencias celebradas, de formulación de imputación y vinculación, quedaron acreditadas las pruebas recabadas para la judicialización de esta segunda causa relacionada con el hecho de que el exfuncionario habría seguido cobrando pagos irregulares por órdenes superiores después de haber dejado el cargo de coordinador en diciembre del 2018.
Durante la audiencia de vinculación, se expuso por parte de la Fiscalía Anticorrupción que el imputado recibió sin justificación legal cerca de 200 mil pesos.
“Él de manera irregular siguió cobrando algunos cheques que fueron otorgados por órdenes superiores, por eso la etapa de investigación que nos dio el juez es por cuatro meses porque estamos absolutamente seguros que en esta carpeta habrá más servidores públicos inmiscuidos”, aseveró ayer Abelardo Valenzuela.
La jueza fijó un periodo 4 meses para la investigación complementaria, toda vez que se presume la complicidad en la distracción del recurso del Estado, precisamente teniendo en cuenta la presunta intervención en el ilícito de otros servidores públicos de la administración 2016-2021.
Con la vinculación a proceso por presunto peculado agravado, más las anteriores carpetas de investigación, en su contra, en caso de que sea declarado culpable, el excoordinador de Comunicación Social de Gobierno del Estado podría estar recibiendo una acumulación de condenas por entre 15 y 20 años de prisión.