- Guadalupe Lizárraga cuestiona parcialidad de organización “Propuesta Cívica”
La autora del libro “Reporte Miroslava” criticó los cuestionamientos de la organización Propuesta Cívica A.C. en torno a su trabajo en torno del asesinato de la periodista y corresponsal del diario La Jornada, Miroslava Breach Velducea y reiteró que el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado “ha sido señalado reiteradamente por su presunta implicación en graves delitos como la tortura y la fabricación de pruebas, además de persecución política, delitos que no sólo se señalan en el caso Miroslava, sino que fue un patrón de conducta en su mandato por venganza y para tapar su propia corrupción”.
Añadió que con las pruebas aportadas, Material documental y videográfico, lo han demostrado con suficiencia en denuncias formales.
Reporte Miroslava, dijo, es una muestra cualitativa de lo que se ocultó a la sociedad sobre la investigación conducida por el exgobernador Javier Corral.
Lizárraga hizo ver que el pasado 1 de junio, la organización Propuesta Cívica, AC, la cual se presenta como defensora de la libertad de expresión y de los derechos humanos, publicó un escrito en el que cuestiona la integridad de su trabajo periodístico sobre la investigación sobre el caso de Miroslava Breach Velducea.
“En su intento por desacreditar mi reporte ─que, si bien no es exhaustivo, sí es ilustrativo de las irregularidades y violaciones de derechos humanos a las personas sentenciadas─, han pasado por alto las mismas pruebas contenidas en el expediente del homicidio de la víctima.
“Cualquier organización de derechos humanos debería poner atención a las versiones alternativas a la oficial cuando existen indicios de tortura. Sin embargo, el ataque de Propuesta Cívica a mi labor periodística parece alinearse únicamente con la defensa de la verdad legal, construida por el exgobernador de Chihuahua Javier Corral y su fiscalía, y no a la defensa real de la libertad de expresión y del respeto a los derechos humanos”.
Para ello, dio respuesta a cada uno de los comentarios realizados por Propuesta Cívica:
1. Sobre que no entrevisté a la familia de Miroslava:
A través del periodista de Chihuahua, Hugo Hernández, del portal Tierra Fuerte, busqué a la familia de Miroslava y frente a él como testigo y desde su teléfono hablé con Rosa María Breach, quien se negó a atender mi solicitud de entrevista, argumentando que Propuesta Cívica ya había dado su información. Le ofrecí otras pruebas, y me reiteró su negativa. Lo lamentable es que Propuesta Cívica, tratándose de una organización de derechos humanos, sólo se haya alineado a la versión del exgobernador Javier Corral, y no haya mostrado interés alguno en escuchar la versión de los sobrevivientes de tortura, que incluso imputados o sentenciados son sujetos de derecho.
2. Sobre el número de tomos de la investigación:
Propuesta Cívica dice que son 24 tomos, sin especificar si son físicos o digitalizados. Yo especifiqué que son 26 tomos digitalizados. Aquí la primera página del tomo 26.2.
Primera página del último tomo numerado como 26.2 del expediente NUC 19-2017-0008019 correspondiente al homicidio de Miroslava Breach.
3. Sobre la no consulta de las causas penales y audiencias públicas:
El enfoque de mi trabajo, reitero que, sin ser exhaustivo, sino ilustrativo, era reportar una muestra cualitativa de lo que fue ocultado a la sociedad, no la de reproducir la misma manipulación de las autoridades judiciales replicada por los medios bajo la dirección de Javier Corral. Esta parcialidad institucional en la investigación fue acogida sin objeción por parte de Propuesta Cívica.
4. Sobre las entrevistas a la familia de Miroslava, alegando que las víctimas no son testigos clave:
En su momento, los familiares de la víctima recibieron un trato de testigos clave, con identidad reservada, tanto por la fiscalía del estado como por la PGR. Sus declaraciones ministeriales influyeron en el curso de la investigación al señalar sin pruebas y bajo trastorno emocional lo que derivó en diligencias judiciales, incluso contrarias a derecho, como las auto-amenazas de Javier Corral al plantar cartulinas en la escena del crimen y un supuesto narco mensaje colgado en un puente todavía una semana después. Así mismo, se cometieron los primeros actos de tortura y se fabricaron declaraciones en el caso de Hugo Amed Schultz, en los que participó directamente el exgobernador el 27 de mayo de 2017, en Palacio de Gobierno.
Declaraciones ante el Ministerio Público de Chihuahua atribuidas a los familiares de la víctima dándoles un trato de “testigos con identidad reservada” desde donde se hicieron acusaciones sin pruebas que contaminaron la investigación y derivaron en delitos fabricados y torturas a personas inocentes.
5. Sobre las entrevistas a la familia como ínfima parte del acervo probatorio contra Juan Carlos Moreno Ochoa y Hugo Amed Schultz:
Esa “ínfima parte” a la que se refiere Propuesta Cívica fue parte de la contaminación en la investigación desde las primeras horas después del crimen. Cada uno de los integrantes de la familia Breach entrevistados, ese día, señalaron reiteradamente sin pruebas y con las mismas palabras y contexto, pese a ser personas de diferentes edades y formación educativa, a los imputados que meses después bajo tortura aceptaron tener responsabilidad en el homicidio incluso con pruebas de su inocencia.
Fragmento de la declaración de Alcira Guadalupe Figueroa Velducea, prima de Miroslava, dada el 23 de marzo de 2017 ante el Ministerio Público y replicada por los medios de comunicación. La declaración está contenida en el Cuarderno de Antecedentes 12/2017 del Poder Judicial de la Federación y fue presentada el 19 de abril de 2018 ante el juez Javier Antonio Mena Quintana, como cada una de las declaraciones de los familiares como testigo de identidad reservada. Para leer todas las declaraciones en Reporte Miroslava. versión gratuita en Kindle.
6. Sobre que la entrevista del hijo de Miroslava Breach no fue utilizada para el enjuiciamiento de Juan Carlos Moreno Ochoa:
Esta entrevista fue analizada para el Reporte Miroslava por las irregularidades y contradicciones que contiene y porque el agente del Ministerio Público estatal que la realizó participó también en otras fabricaciones de pruebas. Es parte del acervo dentro del expediente que, si bien no fue utilizada en el enjuiciamiento, es de interés público por ser parte de la contaminación en la investigación.
7. Sobre que la responsabilidad de Ramón Zavala no fue sometida a acreditación judicial:
Volvemos a lo mismo. Quien dio esta información falsa fue la Fiscalía de Chihuahua. Mediáticamente lo acreditó como asesino material del homicidio. La relevancia del hecho no está en si se utilizó o no esta información para el enjuiciamiento, sino en que fue parte de la corrupción en la investigación a iniciativa de la misma fiscalía bajo la dirección del exgobernador Javier Corral. En ello, participaron activamente ciertos medios creando un ambiente de confusión y terror.
Ramón Andrés Zavala Corral, ejecutado el 19 de diciembre de 2017, y presentado por los medios de Chihuahua como el autor material del crimen de Miroslava Breach, información filtrada por César Augusto Peniche, en ese momento fiscal general del estado.
8. Sobre el hijo de Miroslava que se encontraba a unos metros del homicida:
Había cámaras que pudieron captar la imagen del asesino claramente, según los análisis de los forenses. Videos que fueron recogidos por la Policía Municipal, al ser los primeros en llegar a la escena del crimen. No transparentar esta información fue parte de las decisiones de la fiscalía del estado. En mi trabajo reporto solo la alta probabilidad que el adolescente tuvo de corroborar dicha información.
9. Respecto a la falta de precisión de la hora sobre el homicidio:
Extrañamente se da una hora “aproximada”, por eso aludo a la falta de precisión, y esto al margen de lo acreditado por el juez, porque hubo diferentes videos de las cámaras de seguridad y testigos que vieron al homicida en una hora precisa. Sin embargo, la manipulación videográfica y mediática del hombre que plantó la cartulina blanca y la existencia de una segunda cartulina gris evidenciaron que ─desde esos minutos “aproximados” ─ el gobierno de Javier Corral Jurado tenía conocimiento previo de lo que iba a suceder, puesto que desde esa hora se utilizaron a miembros del ejército para su protección.
Serie de hechos sucedidos que demuestran que el gobierno de Javier Corral sabía que el crimen iba a suceder.
Narrativa de la llamada de Emergencias 066 de la hija de Miroslava que da cuenta que a las 6:55 se notificaba de un homicidio que a esa hora precisa no se sabía quién era, y sin embargo se notificó a la SEDENA, la cual se retiró de la escena del crimen a las 10:48, coincidiendo con el retiro del gobernador.
Uno de los primeros policías que llegaron a la escena del crimen, a las 6:42 am sin que todavía acordonara la escena del crimen.
Imagen captada por cámaras de seguridad a las 6:54 am que se difundió como si fuera Ramón Zavala (supuesto asesino material), después como si fuera Juan Carlos Moreno Ochoa (supuesto asesino intelectual), y que planta la cartulina blanca en la escena del crimen, cuando ya había policías municipales y del estado.
Cartulina blanca plantada en la escena del crimen con la supuesta amenaza a Javier Corral.
Supuesto narco mensaje de amenaza contra Javier Corral una semana después del crimen contra Miroslava.
10. Sobre que ni la defensa de Juan Carlos Moreno Ochoa, ni la defensa de Hugo Amed Schultz Alcaraz presentaron argumentos o evidencia alguna de tortura que acreditara la participación de Corral:
¿Alguna vez durante el proceso Propuesta Cívica se interesó en escuchar la versión de los inculpados? ¿Alguna vez revisó en el expediente si había indicios de tortura o maltrato al momento en que fueron detenidos? Una organización de derechos humanos no ignora la autoinculpación bajo tortura de implicados, más cuando las amenazas son extensivas a las familias. Además de la tortura de los dos sentenciados, ocho personas más fueron torturadas, incluyendo dos menores de edad. Las evidencias documentales y científicas sobre los actos de tortura han sido parte de las pruebas supervenientes después de que Javier Corral dejó de ser el gobernador.
11. Sobre la intervención de la agente del ministerio público federal, Iris Gabriela Santoyo Cuervo:
Es atípico que una organización de derechos humanos dé la cara por agentes que han sido denunciados públicamente de tortura, como es el caso de Iris Gabriela Santoyo Cuervo denunciada incluso en la mañanera ante el presidente López Obrador por su tortura a Édgar Salazar Gaxiola, en 2019, para que incriminara a su padre Crispín Salazar. Dos años antes, responsable de la orden de detención de Juan Carlos Moreno Ochoa y de las amenazas de fabricación del delito de secuestro al hijo de Hugo Amed Schultz. Los responsables de la tortura física de Moreno Ochoa fueron los policías federales Ramiro Obregón García, Antonio Andrés Barcelata y Óscar Silva Mendoza, así como el oficial Cristián Camacho Llaguno, adscritos a la Dirección General de Supervisión y Vigilancia de Operaciones Encubiertas, de la División de Inteligencia de la extinta Policía Federal Preventiva.
12. Sobre que no se torturó al testigo Apolo ni intervino la agente Iris Gabriela Santoyo Cuervo:
En diferentes reportajes he documentado con pruebas y protocolo de Estambul con fe notarial y firma de peritos la tortura en 2019 y la manipulación mediática sobre Édgar Salazar Gaxiola para que incriminara a su padre, a Hugo Amed Schultz y a Juan Carlos Moreno Ochoa, entre otros. Adjunto el enlace para su información.
13. Sobre que no hubo tortura y que si así fue no influyó en el proceso:
Los protocolos de Estambul son sólo una de varias herramientas para determinar si hubo o no tortura. Todos son positivos en este caso. Sin embargo, los sobrevivientes han presentado otras pruebas adicionales y han demostrado cómo tras esos actos de tortura fueron inducidos a aceptar narrativas falsas construidas por la FEADLE y por el mismo exgobernador Javier Corral. Ésta es una información ampliamente documentada desde 2021 en Los Ángeles Press.
14. Sobre la gravedad de revelar la identidad protegida de los familiares testigos y el posible delito que cometo:
Según la jurisprudencia de la Segob, la PGR y la FEADLE, el periodo de confidencialidad era de cinco años reproducida en cada uno de los oficios de las diligencias. Además, dado que se trata de un asunto de interés público y que el ejercicio de mi libertad de expresión pone en riesgo mi vida, este tema adquiere una relevancia especial, tras su amenaza velada de que mi ejercicio periodístico podría “considerarse un hecho posiblemente constitutivo de delito” sobre todo en el contexto de violencia que vivimos a diario los periodistas en México.
Guadalupe Lizárraga dijo finalmente con esa respuesta “subrayo la importancia de un periodismo libre y comprometido con la verdad y la justicia, especialmente en investigaciones judiciales manipuladas desde las instituciones que deberían garantizar el Estado de derecho”.
