El pasado viernes, el Órgano Interno de Control anunció la inhabilitación por tres meses de Mónica Vargas Ruíz, quien fue secretaria de la Función Pública durante la segunda mitad del mandato de Javier Corral Jurado. Esta decisión se tomó tras una investigación iniciada en marzo de 2022, en la que Vargas Ruiz fue encontrada responsable de no cumplir con la entrega de información y de no aclarar observaciones en el acta de entrega-recepción de la dependencia, por lo tanto en respuesta a esta inhabilitación, el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, destacó la importancia de respetar estos procesos y aseguró que cualquier incumplimiento o delito por parte de un servidor público debe tener sus consecuencias. Enfatizó que los procedimientos de la Función Pública no están dirigidos contra funcionarios de una administración específica, sino que son acciones que se llevan a cabo en base a hallazgos de irregularidades.
De la Peña Grajeda subrayó que esta administración mantendrá un respeto irrestricto a los procedimientos que siguen a exfuncionarios de administraciones anteriores, incluidos aquellos de la administración de Javier Corral.
Según indicó el secretario, estas acciones reflejan lo que los ciudadanos esperan, que haya respuestas adecuadas cuando un funcionario comete errores.
Refirió que ante esta situación había que “tomar nota de que están inhabilitados para que no se les pueda ofrecer o no se les ofrezca trabajo en ninguna otra instancia el sector público. Pero bueno, pues eso creo que es lo que esperan los ciudadanos, que cuando un funcionario se equivoca, pues haya esta respuesta de parte de la autoridad”.
Dicho esto, De la Peña hizo hincapié en que el proceso y la inhabilitación “no lleva dedicatoria como luego se utiliza pues para victimizarse o estos temas”.
Respecto a los amparos que la extitular de la Función Pública había interpuesto en busca de la protección de la justicia federal, el secretario General aseguró que había que respetar a Mónica Vargas en todo momento sus derechos, recordando que todos los ciudadanos tienen derecho al debido proceso.
Apuntó que, seguramente, la exfuncionaria “activó todas los herramientas jurídicas que tenía a la mano para tratar de hacer valer su dicho, su derecho, y ya entiendo que se agotaron las instancias y ya tenemos una resolución en concreto”.