Al principio creí que era una política pública para combatir a la delincuencia organizada. Como siempre, le atiné, pero equivoqué el objetivo. Cero impunidad es el nombre irónico de los delincuentes electorales que hoy se dedican a violentar la ley, mediante el proselitismo electoral descarado, protegido y autorizado por el propio presidente de la República, reiterado el pasado domingo. Todos el gabinete recibió la instrucción de ir a los eventos de candidatos con gastos pagados. Ni más ni menos que lo que se hacía en el PRI, cuando se hacían responsables a los funcionarios de una dependencia de una zona, estado o candidatura en particular. La operación del gobierno, en las elecciones, no es nada nuevo, se trata de una vieja costumbre de hacer lo que sea para conservar posiciones…