La defensa del exgobernador César Horacio D. J., encabezada por Ricardo Reyes Retana, abogó que su defendido nunca fue señalado por la Fiscalía como el orquestador de los 12 desvíos por los que se le imputan y solicitó al Juez, se desista del cargo de asociación delictuosa.
Durante la audiencia de vinculación o no a proceso que se lleva este miércoles desde las 8:00 horas, los abogados de César Horacio señalaron que, en todo caso, las declaraciones de los protegidos coincidieron que fue Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, quien manipulaba a los empleados del gobierno para dicho fin.
Además, apuntaron que fueron los testigos reservados los “reales delincuentes y rateros”, pues en sus testimonios admitieron cometer los ilícitos mientras eran funcionarios públicos y que, nunca señalaron al exgobernador como la persona que instruía o presionaba a los servidores para que se lograran los desvíos millonarios.
Argumentaron que el Ministerio Público nunca pudo acreditar al exmandatario como un sujeto activo, sobre todo en el segundo delito que se le imputa, la asociación delictuosa, pues a decir de los litigantes, cada funcionario se hizo responsable en sus testimonios, de haber organizado y autorizado diferentes transferencias desde las secretarías de Hacienda y Desarrollo Rural.
Por lo anterior, el equipo jurídico del defendido abogó ante el juez Humberto Chávez, que se descartara la imputación por asociación delictuosa, dado que no fue demostrado que el exgobernador reunió a tres o más personas para delinquir o que se enriqueciera ilícitamente.
Por otra parte, la abogada Edith Berenice Muciño describió que, de los ocho protegidos, cinco de ellos con identificaciones 56rt65pw7, Ka5p23, 5m4gyuh19a, fe54hd7fhjw y 67hd6ja9k2 se desempeñaron como servidores públicos en la Secretaría de Hacienda, que tuvieron conocimiento de múltiples desvíos de dinero por personas cercanas al exgobernador y no por él mismo.
Asimismo, solicitaron al juez, se excluyeran en las consideraciones, diversos reportes técnicos con los que acusaron a la Fiscalía de violar el principio de secreto bancario pues fueron expuestos informes realizados por la directora Yoshi Karina Fong Nájera de la Secretaría de la Función Pública, y por Mónica Vargas Ruiz y María Antonieta Arreola, de la Gestión de la Auditoras Superior del Estado.
Ello al sostener que la obtención de esta información no se hizo por medio de una autorización judicial, necesarias para los datos del 2017 y 2019, leídos en la exposición de antecedentes.
En medio del debate, los ministerios públicos refutaron que el dinero desviado llegó directamente a las cuentas de nómina del exgobernador, como lo fue en el caso de un depósito que se hizo a la Unión Ganadera Regional del Norte por 5.5 millones de pesos, y que, aunque dicha empresa pertenecía a César Horacio, se hizo una transferencia a la empresa alterna, la Financiera Unión Ganadera, y luego pasó a una de las cuentas personales del exgobernador.
Asimismo, argumentaron que de acuerdo a los registros, de esa misma cuenta el expriísta hizo un pago a la Secretaría de Administración Tributaria (SAT), por 3 millones de pesos.
Aunque otra de las objeciones de la defensa fue que el Ministerio Público violó el principio del secreto bancario por revelar información financiera sin una autorización judicial, lo que la Fiscalía negó, al asegurar que se contó con solicitudes aprobadas por varios juzgadores para acceder a los datos expuestos.
Se espera que sea en cuestión de minutos que se dé a conocer la resolución del juez sobre la vinculación o no a proceso por los delitos referidos, luego de que alrededor de las 11:35 horas de este miércoles se diera por terminado el tiempo de debate entre las partes involucradas.
Había sido dictado un receso de dos horas para emitir la resolución por el juez, así que se preveía alrededor de la 13:30 horas podría reanudarse la audiencia, no obstante al filo de las 14:00 horas, ésta se mantiene suspendida.