“Sin riesgos casos contra Duarte”; analiza Departamento de Estado imputación de 18 carpetas más

El Fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte, informó que el Departamento de Estado ya recibió 18 carpetas de investigación contra el exgobernador César Duarte Jáquez, por lo que se espera que pronto sean aprobadas para iniciar con los procesos penales correspondientes.

De acuerdo al Fiscal, la defensa del exmandatario aboga que con el proceso actual por peculado por un monto superior a los 96 millones de pesos, Duarte ya cubría la responsabilidad de sus actos con la justicia de Chihuahua, por lo que la autoridad local consultó al Departamento de Estado las diversas posibilidades.

“Estamos en un tema en el cual estaba la defensa tratando de hacer algunas situaciones y eso requería una consulta por parte de nosotros porque se pensaba que con esas actuaciones se estaba sometiendo ya a la justicia de Chihuahua, sin embargo el criterio de la Cancillería y de la Fiscalía General de la República es que todavía no y hablamos con el departamento de Estado”, expuso.

En este sentido, señaló que habrá que esperar para que el Departamento de Estado informe si se aprueba la imputación para las otras 18 carpetas y comentó que siempre existe la posibilidad de que la Federación pueda atraer alguna de las causas penales aunque no confirmó que la autoridad federal tuviera esta intención.

Dijo además que el hecho de que algunas denuncias hayan prescrito en la Función Pública no afecta los procesos penales debido a que lo que se habla de la prescripción se derivó de la aplicación de acusaciones por parte de la administración de Javier Corral Jurado con base a una Ley que no existía, es decir la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

Es de comentar que desde la pasada administración estatal se hablaba de 21 carpetas abiertas contra Duarte; una por causa federal y otras 20 locales, una de ellas por la que se extraditó de Estados Unidos a México y por la que fue vinculado a proceso con la causa penal 3041/2019.

Por su parte, el Secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno, expuso que se debería de investigar si el exgobernador Javier Corral Jurado quiso beneficiar en vez de aprehender a los funcionarios Duartistas a los que les levantaron procedimientos administrativos con una Ley inexistente, por la que prescribieron 14 investigaciones.

En primera instancia, Jáuregui aclaró que los procesos administrativos que vencieron no tienen qué ver con las causas penales que existen en su contra, y que, aunque puede pasar que un procedimiento tenga relación directa con una denuncia penal, se investigan por distintas vías y llevan resoluciones por cada parte.

Lo anterior en relación a comentarios políticos que señalan al actual Gobierno de querer buscar la libertad de César Duarte Jáquez aunado a la aprehensión del ex fiscal encargado de los “expedientes X”, Francisco González Arredondo.

“Muchos de los proceso administrativos que inició la pasada administración prescribieron por la falla de que invocaron una ley que no existía para llevar a cabo una serie de procesos administrativos de funcionarios que habían cometido supuestamente irregularidades. Muchos de estos asuntos le prescribieron a la anterior administración y hoy se toma un acuerdo relativo a un hecho”, compartió.

En este sentido, cuestionó que se hayan hecho las cosas de dicha forma a propósito, para beneficiar de alguna manera a los funcionarios Duartistas; “esas prescripciones se dieron en la época de gobierno que persigiuó a esas personas; ni siquiera prescribieron en esta administración y esta administración no cometió el error de seguir procedimientos administrativos con una Ley inexistente. Deberían de investigar si no hubo en esa administración algo q ue tratara de beneficiar a estas personas”.

Cabe mencionar que la Secretaría de la Función Pública dio a conocer que fueron 14 procedimientos iniciados contra ex funcionarios estatales por faltas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la cual quedó sin efectos en julio de 2017.

Por lo anterior se debió aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas que se mantiene vigente.

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