Duarte en peligro de muerte por un caso administrativo que quieren volver penal

Los abogados de César Duarte, quien está acusado de peculado y asociación delictuosa, se quejan públicamente de los retrasos del juicio con argumentos nimios por parte del MP.

La desesperación los ha llevado a demandar a la jueza por la posible actitud felona de retrasar a propósito el juicio, y prevaricato. Sus abogados, acusan a la jueza Delia Melendez, de ser una de las juezas de consigna del quinquenio de Javier Corral, y que en el actual sexenio, sin importarle, sigue en obediencia con el exgobernador Corral. Durante una de las comparecencias se atrevieron a utilizar un médico sin reputación para desmentir el infarto, que sufrió su defendido, que ahora ha sido confirmado por especialistas en Star Médica, además de otras lesiones en cervicales y otras enfermedades que obligan al cambio de medidas cautelares, pero la jueza, fiel al encargo de Corral, no escucha, no entiende la gravedad del asunto.

Ante esta reiterada conducta lesiva contra el imputado, se interpuso la denuncia penal contra la Jueza Delia Meléndez. En la denuncia se demostrará que su intención es alcanzar en contubernio con Corral la venganza jurada por Javier contra Duarte. Generalmente los llamados jueces de consigna esperan a que los tribunales federales y/o Colegiados de Circuito amparen a los imputados, dado que sus errores (así sean a propósito) no tienen consecuencias, pero estas actuaciones se han escalado de tal manera que ya amerita la comisión de potenciales delitos por parte de la jueza.

Sin embargo, ante las quejas, la desidia o la potencial complicidad de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia Myriam Hernandez, tampoco escucha y encima defiende a la jueza y advierte que no la quitará del caso sólo por una denuncia intrascendente.

Myriam Hernandez recibe consignas, no se sabe cómo o de quién, aunque hay sospechas, dicen los abogados, por lo que el caso se retrasa más y más, mientras que la salud de César Duarte se complica y está ante una seria amenaza de morir bajo la custodia del Estado por un caso administrativo que se han empeñado en hacerlo de carácter penal.

¿Quieren un ejemplo? Ahí está Rosario Robles libre después de tres años por un caso igual.

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